​El impacto del coronavirus en el futuro de América Latina

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Sergio bitar 2

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En diversos artículos de principios de año (“Tiempos Nublados para América Latina”, La Nación, 11 de enero de 2020; “Democracia Asediada”, Wall Street Magazine, 30 de enero de 2020), alertamos que Latinoamérica debía prepararse para vivir un 2020 igual o incluso más convulso que el 2019. El pronóstico -pesimista en ese momento-, quedó brutalmente superado con la llegada del COVID-19; pandemia que vino a sumar mayor complejidad, incertidumbre y volatilidad a un cuadro regional bastante turbulento e inestable. Nuestro análisis anterior se sustentaba en una premisa principal: vivíamos en un mundo de cambios graduales. Pero, en cuestión de pocas semanas, este supuesto se desplomó, y ahora atravesamos un período caracterizado por una gigantesca disrupción difícil de comprender y, menos aún, proyectar.

El COVID-19, que surgió en Asia (más específicamente en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China), y cuyo epicentro en este momento es Europa, ya está impactando con fuerza a Estados Unidos e ingresado aceleradamente a nuestra región. EEUU contiene actualmente el mayor número de contagiados; situación que entró en expansión exponencial. Según la Casa Blanca, Estados Unidos probablemente acabará registrando “millones de casos” y entre “100,000 y 240,000 muertes (El País, 1 de abril de 2020).

El continente americano -que concentra actualmente más de 30% del coronavirus a nivel mundial- se ha venido confinando gradualmente, cerrando sus fronteras y desacelerando la actividad económica. Pero lo peor aún no ha llegado a América Latina. En las próximas semanas y meses el coronavirus nos impactará con ferocidad en múltiples ámbitos. Es una disrupción que se extiende de la salud a la economía y al sistema financiero, de lo nacional a lo global y, para colmo, en medio de un cambio climático que se acelera.

Los efectos en la economía, tanto a nivel global como regional, serán devastadores, ya que es una crisis que afecta tanto a la oferta como a la demanda. Además, a diferencia de otras anteriores, esta crisis se caracteriza por un alto grado de incertidumbre (sobre su impacto y duración), lo que hace muy difícil adoptar medidas definitivas, realizar pronósticos y esbozar escenarios plausibles.

El entorno económico y financiero de América Latina continuará deteriorándose rápidamente. Según la CEPAL, el crecimiento promedio regional latinoamericano caerá 1.8%. Otras proyecciones son más pesimistas. Goldman Sachs anticipa un 3.8% de crecimiento negativo y la Unidad de Inteligencia de The Economist prevé una caída de 4.8%. De confirmarse estas cifras, sería la recesión más profunda que la región sufriría desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, estas proyecciones pueden sufrir nuevas correcciones según se despliegue la pandemia y la recesión global en nuestra región.

Las dos principales economías regionales se verán muy afectadas, mientras la tercera, Argentina, enfrenta una situación extremadamente compleja que podría aumentar las posibilidades de hacerla caer en default. Goldman Sachs proyecta que Brasil caería 3.4%, México 4.3% y Argentina 5.4%. La economía chilena enfrenta igualmente un panorama muy complicado, con una caída proyectada de 3%.

El consumo sufrirá una fuerte contracción. Los precios de las materias primas ya se han desplomado. El turismo y el comercio se verán igualmente afectados. Las bolsas muestran fuertes pérdidas, las monedas se han depreciado frente al dólar y los capitales han comenzado a abandonar la región. En Brasil, en los últimos dos meses, casi 12,000 millones de dólares se transfirieron al exterior.

El desempleo crecerá y aumentará el número de familias bajo la línea de pobreza. De acuerdo con estimaciones recientes de la CEPAL (marzo de 2020), la pobreza aumentaría de 185 a 220 millones, la pobreza extrema pasaría de 77.4 millones a 90.7 millones de personas y el desempleo subiría a 10%, mientras que la reducción de la desigualdad seguirá estancada o, incluso, retrocedería en algunos países.

A nivel global, las noticias son igualmente inquietantes. El FMI acaba de anunciar (marzo) que la economía mundial entró en recesión como consecuencia de las drásticas medidas adoptadas para limitar la propagación del coronavirus. Su directora, Kristalina Georgieva, dijo que la recuperación en 2021 dependerá de si el virus puede contenerse y si se evita que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia.

Esta recesión podría a su vez provocar quiebras masivas de empresas, un aumento importante del desempleo y una aguda crisis financiera. La estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de hace apenas unas pocas semanas, que señalaba que hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo y que la pérdida de ingresos laborales podría llegar a los 3.4 billones de dólares estadounidenses, como advierte su Director, Guy Ryder, ha quedado desactualizada debido a la profundidad y la velocidad de la crisis (Guy Ryder, “La fragilidad de las economías”, El País, 28 de marzo de 2020). En Estados Unidos, la Reserva Federal de Saint Louis advierte que el desempleo podría subir a cifras entre 10 y 40%. De confirmarse estas proyecciones, sólo en este país se podrían perder 50 millones de empleos (La Tercera, Rodrigo Cárdenas, 26 de marzo de 2020).

Por todo lo anterior, y como bien apunta la economista de Harvard, Carmen Reinhart, “esta vez (la crisis) es realmente diferente” ya que, desde los años treinta, las economías avanzadas y emergentes no experimentaban la combinación letal de una caída del comercio global, precios de materias primas globales deprimidos y una recesión económica sincronizada (Carmen Reinhart, “Esta vez es realmente diferente”, El País, 26 de marzo de 2020). Esta es la tormenta perfecta que todos los países deben evitar.

El cierre de fronteras, necesario para luchar en el campo sanitario, además de sus consecuencias económicas negativas, está generando roces entre algunos países y podría despertar sentimientos xenófobos, debilitando aún más la frágil integración regional.

De momento, las restricciones impuestas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia parecieran haber puesto también en cuarentena a las protestas sociales. Empero, esta posibilidad debe analizarse con cautela. A corto plazo, la carencia de ingresos por falta de trabajo podría acarrear hambre, reacciones violentas y un aumento de las tensiones políticas en ciertos países de la región. Y a largo plazo, mientras no se solucionen las causas principales que están originando las mismas, es muy probable que las protestas masivas retornen o incluso se intensifiquen una vez superada la pandemia.


Diferencias entre los países latinoamericanos para encarar la crisis


Si bien el virus es el mismo, los Estados latinoamericanos no son iguales. Y tampoco es idéntica la manera en que los gobiernos de la región vienen reaccionando frente a la pandemia. Algunos han actuando desde el inicio acertada y oportunamente. Otros, en cambio, lo han hecho de manera errática y con preocupante retraso. Un último grupo reúne a tres presidentes que minimizaron el peligro del coronavirus. En México, AMLO dijo: “hay que abrazarse, que no pasa nada con el coronavirus”, si bien en los últimos días ha venido aceptando la necesidad de poner en marcha medidas restrictivas, entre ellas, el cierre del gobierno, la suspensión de todas las actividades no esenciales y la recomendación de no salir de casa. En Brasil, Bolsonaro continúa banalizando la crisis. Recientemente dijo: “Hay que acabar con esta crisis de histeria. Brasil no va a parar (…) Algunos van a morir. Lo lamento. Esa es la vida”. Y en Nicaragua, Ortega organizó una marcha bajo el lema “Amor en tiempos del COVID 19” y, de momento, sigue subestimándolo, y haciendo un manejo poco transparente de la información, con censura y secretismo.

Esta pandemia del coronavirus constituye una prueba de fuego para el liderazgo latinoamericano. Un mal manejo podría tener consecuencias políticas muy serias para los mandatarios así como para la democracia. Pero, al mismo tiempo, en aquellos países en que la respuesta ha sido correcta y oportuna, los presidentes parecen aumentar sus niveles de apoyo ciudadano (Vizcarra en Perú y Bukele en El Salvador para citar tan sólo dos ejemplos). En un segundo grupo de países, las medidas adoptadas por los presidentes han ayudado a bajar el nivel de polarización y facilitar acuerdos entre el gobierno y la oposición, que hasta hace poco parecían imposibles de alcanzar (Fernández y la oposición en Argentina). Y en un tercer grupo, la pandemia podría ofrecer a los gobiernos, si actúan con eficacia y sensibilidad, la oportunidad de superar o postergar la crisis social y política que enfrentan, reconectar con la ciudadanía, buscar acuerdos y cambiar programas (Piñera en Chile). Obviamente, todas estas evaluaciones pueden cambiar rápidamente.

Las consecuencias también serán importantes en la relación entre el Estado y el mercado. De esta pandemia el Estado saldrá fortalecido. Como bien aconseja Francis Fukuyama, hay que evitar el falso debate acerca de qué régimen es más eficáz para controlar la pandemia: si los autoritarios o la democracia ya que “el elemento determinante en materia de resultados no es el tipo de régimen, sino la capacidad del Estado (state’s capacity) y, sobre todo, el nivel de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos” (Francis Fukuyama, “The thing that determines a country’s resistance to the coronavirus”, The Atlantic, 30 de marzo de 2020).

Por ello, habrá más demanda por un Estado con músculo, fiscalidad, celeridad y eficacia a la hora de brindar sus servicios y ofrecer garantía a las crecientes demandas sociales (con capacidad de “delivery”). También por un Estado más transparente y que rinda cuenta a sus ciudadanos. Se deberá organizar un Estado estratégico, convocante, orientador de la acción conjunta de organizaciones sociales, empresas y universidades. El Estado deberá disponer de capacidades para brindar servicios públicos de calidad, innovar, poner en marcha nuevas alianzas públicas-privadas, y que promueva un cambio de la estructura productiva frente al cambio climático.

Otro aspecto que demanda atención es el papel de los militares y de las fuerzas de seguridad, así como el conjunto de medidas que los gobiernos vienen adoptando –toques de queda, estados de sitio y de emergencia, restricciones a las libertades de movimiento y reunión, etc.- y el impacto que las mismas pueden llegar a tener en materia de derechos humanos. Si bien en este momento muchas de estas medidas tienen justificación, las mismas deben ejecutarse con sumo cuidado y supervisión parlamentaria para evitar cualquier tipo de abuso y garantizar que las mismas cesen, de inmediato, una vez que la situación vuelva a la normalidad. El combate al COVID-19 no justifica, en ningún caso, poderes de emergencia ilimitados y exentos de control.

Es igualmente importante garantizar que estas medidas de emergencia, combinadas con una mayor concentración de poder en manos de los ejecutivos y un elevado gasto de recursos públicos, no produzca un debilitamiento de los mecanismos y órganos de control en materia de transparencia e integridad y, consecuentemente, un aumento de la corrupción. Si las experiencias latinoamericanas de descentralización del uso de recursos públicos revelaron un aumento de los riesgos de corrupción, el empleo masivo de transferencias personalizadas para proveer ingresos básicos a un porcentaje elevado de la población exigirá de una estricta vigilancia. En este sentido, será necesario actuar sobre personas y empresas específicas, lo cual puede derivar en discriminaciones e influencias indebidas. Por tanto, a fin de legitimar esta imperiosa acción humanitaria, todo el aparato público y, de manera especial, los órganos y mecanismos de control, deberán estar atentos para tratar de evitar eventuales desviaciones de los recursos públicos. Para ello resulta esencial fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como el rol de los medios de comunicación y la supervisión de las organizaciones de la sociedad civil. Si se hace bien, ello ayudará a instaurar nuevos instrumentos para la inclusión social y la reducción de la desigualdad en la etapa que se abrirá después de la pandemia.

En una región como la nuestra, con tantos antecedentes de hiperpresidencialismo y abuso de poder, hay que estar alertas para evitar que, durante esta crisis, el miedo de los ciudadanos sea manipulado por líderes con fuerte apetito autoritario. Si en el origen del estado hobbesiano, la humanidad estuvo dispuesta a sacrificar su libertad por seguridad pareciera que, frente al coronavirus, la humanidad está dispuesta a sacrificar parte de su libertad y privacidad a cambio de mayor salud. Pero como bien apunta Yuval Harari, poner a los ciudadanos a elegir entre privacidad y seguridad es una falsa dicotomía. Y agrega “Podemos elegir proteger nuestra salud y detener la epidemia del coronavirus no instituyendo regímenes de vigilancia totalitaria, sino educando y empoderando a los ciudadanos”. La solución no pasa por instaurar un régimen autoritario. Por el contrario, lo que debemos hacer es “reconstruir la confianza en la ciencia, en los medios, en las instituciones y en las autoridades públicas” (Yuval Noah Harari, “The world after the coronavirus”, Financial Times, 20 de marzo de 2020).

El coronavirus ha impactado igualmente el normal desarrollo del calendario electoral latinoamericano de los próximos meses. Paraguay fue el primero en aplazar las elecciones internas de los partidos políticos y las municipales. Chile pospuso el plebiscito constitucional del 26 de abril al 25 de octubre. Uruguay piensa hacer lo mismo con sus elecciones municipales del 10 de mayo. En Bolivia la justicia electoral ha dicho que las elecciones presidenciales y congresuales que estaban previstas para el 3 de mayo serán celebradas más adelante –en principio entre junio y septiembre de 2020-, pero sin fijar aún la nueva fecha. En cambio, la República Dominicana mantiene, de momento, el 17 de mayo como fecha de sus elecciones presidenciales y congresuales.


Riesgos de polarización y apoyo al multilateralismo


Otro ángulo que es importante analizar es la pugna geopolítica que vienen librando Estados Unidos y China en relación con el COVID-19 y su impacto y consecuencias en nuestra región. En el mundo pre coronavirus ya había un alto grado de fuertes tensiones que la pandemia vino a profundizar. El mundo post coronavirus vendrá acompañado de una importante reconfiguración geopolítica que podría conducir a un nuevo orden mundial. Como bien expresa Carl Bildt, ex Primer Ministro de Suecia, “esta es la primera gran crisis del mundo post-americano” y sus consecuencias aún no son claras. Si en el origen de esta pandemia se pensaba que la misma debilitaría a China frente a Estados Unidos, hoy podríamos estar ante un resultado inverso. Ambos escenarios están abiertos.

El COVID-19, que como dijimos al inicio, se originó en China, abrió un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas y de confrontación en la guerra fría china-estadounidense; capítulo que se suma a la guerra comercial y a la tecnológica (5G) que existe entre ambas súper potencias.

Ambas potencias compiten asimismo en su intento de demostrarle al resto del mundo no sólo quién es más eficaz para hacer frente a la pandemia, sino también en relación con la producción de una vacuna en contra del virus, similar a la carrera espacial que en plena guerra fría libraron EE.UU. y la ex URSS durante el siglo pasado.

Hay que evitar que este enfrentamiento impida o dificulte, en este momento tan crítico, poner en marcha la urgente y necesaria coordinación y cooperación internacional, como ocurrió en la reunión del G7 de marzo de 2020, en la que no fue posible adoptar una declaración final debido a que EEUU insistieron en incluir en la misma el término “virus de Wuhan”; petición que no fue apoyada por los otros países miembros del grupo. El proyecto reelecionista de Trump necesita, por un lado, echarle la culpa a China de la pandemia, para de esa manera disimular el manejo caótico que ha venido dando a la misma y, por el otro lado, tratar de reabrir la economía a la mayor brevedad para mitigar el impacto que la recesión y el elevado desempleo pudiesen tener en su imagen.

Durante los últimos días hubo algunos signos alentadores, entre ellos una conversación entre Trump y Xi, con el objetivo de superar las diferencias y ahondar la cooperación en la lucha contra la pandemia. Esperemos que esta cooperación se fortalezca. La humanidad la necesita desesperadamente.

Por otra parte, y a diferencia de crisis anteriores (ébola, crash financiero de 2008-2009), hasta ahora EEUU no ejerció su liderazgo para coordinar una respuesta global a la pandemia. Por el contrario, Trump –que ha tenido una conducta errática frente a la pandemia- guiado por su mantra de “América primero”, se ha concentrado en combatir al coronavirus al interior de EEUU, con el objetivo de evitar que éste acabe con su proyecto reeleccionista.

La falta de liderazgo y de solidaridad de Trump no sólo se da a nivel global sino también en nuestra región. Salvo el acuerdo con AML0 para mantener –de momento- abiertas las fronteras entre ambos países, y sus reuniones con Bolsonaro, en Miami, y con Duque, en Washington –en la cuales del coronavirus se habló poco- no ha habido hasta ahora ningún plan estadounidense de gran escala dirigido a ayudar a la región a combatir el coronavirus. Esta falta de iniciativa y solidaridad de parte de EEUU, de continuar, podría abrirle a China, si lo sabe aprovechar, nuevas oportunidades para ampliar su presencia y protagonismo y estrechar sus lazos con varios países de la región.

Pero lo que podría llegar a producir resultados adversos en el plano internacional y regional pareciera estarle funcionando, de momento, a Trump en el ámbito interno. Su popularidad (según encuesta Gallup de fines de marzo) ha vuelto a subir a 49%, el mismo nivel que había alcanzado después de salir absuelto del “impeachment”. Entre ayudar a salvar al mundo o a nuestra región del coronavirus, o salvar su presidencia, todo parece indicar que Trump ha escogido la segunda.


No hay tiempo que perder


El mundo nunca enfrentó una crisis de esta envergadura que no sólo pone bajo inmenso estrés a los gobiernos y los sistemas de salud, sino también a la economía, el empleo y muchos de nuestros hábitos de vida y convivencia. Estamos ante uno de los mayores fenómenos disruptivos de nuestra historia. Para Yuval Harari hemos entrado en “un agujero de gusano histórico”, es decir un momento en que “las leyes normales de la historia están suspendidas’’; en otras palabras, en cuestión de pocas semanas “lo imposible se convirtió en ordinario’ (Yuval Noah Harari, La crisis del COVID-19 se perfila como el momento decisivo de nuestra era, LT Tendencias, La Tercera, 28 de marzo de 2020).

Para nuestra región, el desafío es colosal debido a la combinación letal de Estados débiles y sistemas de salud frágiles, con altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Amplios sectores de la población que trabajan por cuenta propia (53%), que carecen de seguro de desempleo (vigente en sólo 6 países de la región), que no cuentan con seguro médico (43% de la población), son muy vulnerables frente a la pandemia y seguramente vivirán momentos muy difíciles.

América Latina combina ventajas y vulnerabilidades para enfrentar al COVID-19. Entre las primeras, hay que aprovechar la llegada tardía del virus a nuestra región para adoptar las buenas prácticas de otros países y evitar cometer los mismos errores. Respecto de las segundas, destacan la existencia de Estados débiles, sistemas de salud frágiles, presupuestos públicos limitados, crecimiento económico mediocre y sociedades con altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad.


Momentos excepcionales exigen respuestas excepcionales


Frente a esta inédita y grave pandemia, los gobiernos deben adoptar, con urgencia, medidas de contención y no tan sólo de mitigación del virus, para tratar de impedir un crecimiento exponencial del número de contagiados -aplanar la curva- y evitar un colapso de los servicios de salud.

Asimismo los gobiernos estarán obligados a ejecutar políticas económicas contra cíclicas, inyectar grandes sumas de dinero y poner en marcha programas fiscales de apoyo a las personas, los hogares y las empresas, con el objetivo de impedir una cadena incontrolable de bancarrotas y despidos.

La prioridad de esta “crisis sin culpables”, como correctamente la ha denominado Nora Lustig, son las personas. De ahí la importancia de reducir al máximo el número de muertes evitando, al mismo tiempo y hasta donde se pueda, una crisis económica, financiera y social devastadora. En este sentido, las medidas que varios gobiernos han comenzado a aplicar, de dentro y fuera de la región -según The Economist, el paquete promedio de estímulos de las principales economías del mundo es cercano a 20% de su PIB-, deben ser acompañadas de apoyo financiero, abundante y flexible de parte de los organismos multilaterales financieros y de una mayor coordinación entre los países. La crisis exige actuar simultaneamente tanto a nivel local como global. Para decirlo en palabras de Moisés Naim “Hace falta actuar tanto localmente al nivel más individual posible como globalmente al nivel más multilateral posible”. Y agrega “En la crisis que estamos viviendo el aislamiento individual salva vidas. Pero, entre países, el aislamiento hará que los costos de la crisis sean aún mayores” (Moisés Naím, “Sin precedentes”, El País, 29 de marzo de 2020).

Y, en el caso específico de América Latina se requiere, como recomienda Rebeca Grynspan Mayufis, “líneas inmediatas y flexibles de crédito de los bancos de desarrollo y unas reglas del juego que les permitan tomar las medidas necesarias y suficientes para proteger adecuadamente a su población y sus economías” (“La crisis económica y su respuesta”, El País, 29 de marzo de 2020). Lamentablemente, hasta ahora, la coordinación y la cooperación regional ha sido bastante limitada a excepción de la Cumbre virtual Presidencial de PROSUR, algunas medidas puestas en marcha por la Organización Panamericana de la Salud y de ciertas iniciativas adoptadas en el ámbito del Sistema de Integración para Centro América (SICA). Demasiado poco para hacer frente a semejante pandemia.

Una pandemia global demanda respuestas y soluciones también globales. Necesitamos de un liderazgo global que esté a la altura del desafío que enfrentamos y de un plan de acción global, pero esto aún no ha sucedido.

Lamentablemente, como bien señala Ian Bremmer, el mundo no está preparado para hacer frente a la primera crisis verdadera de nuestra era actual de geopolítica de G-Cero. En palabras del presidente del Grupo Eurasia, “La era de la política de ‘mi nación primero’, también es la era de respuestas de ‘mi nación primero” a la mayor crisis de salud global que el mundo ha visto en la historia reciente” (Ian Bremmer, “La primera crisis global en la era del G-Cero”, La Tercera, 1 de abril de 2020).

La salida de esta crisis no pasa por respuestas nacionalistas de corte aislacionista sino mediante una mayor coordinación a nivel global acompañada de una arquitectura internacional multilateral renovada y fortalecida con capacidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Es urgente poner en marcha una respuesta internacional coordinada. Pero, para que ello ocurra, es preciso que los principales Estados lideren este proceso, como ocurrió en crisis anteriores. La reunión del G20 del pasado 26 de marzo, es un paso en la dirección correcta. También lo es la reciente conversación que sostuvieron Trump y Xi a fines de marzo. Pero hace falta mucha más cooperación y solidaridad, tanto a nivel intra como inter regional. Como bien apunta Martin Wolf, “Cualquier orden global se basa en la cooperación entre Estados poderosos. China y Estados Unidos no sólo deben funcionar. Deben funcionar juntos, reconociendo los muchos intereses que comparten, mientras toleran sus profundas diferencias” (Martín Wolf, “La tragedia de dos superpotencias fallidas”, Financial Times, Diario Financiero, 1 de abril de 2020). Este es el nivel de madurez y de responsabilidad que hace falta de parte del liderazgo de ambos países.

Pero seamos claros, el COVID-19 no sólo constituye un desafío para los gobiernos sino también para la sociedad en su conjunto y para cada uno de nosotros como individuos. Los gobiernos no pueden ganar esta batalla por sí solos. Como bien señala Martin Wolf, esta crisis, además de sus consecuencias en el ámbito de la salud y la economía, presenta importantes desafíos éticos, tanto a nivel individual como colectivo.


Cómo fortalecer la democracia


Los efectos sobre el sistema democrático tampoco serán uniformes. Mientras en algunos países, el mal manejo de la crisis podría facilitar la llegada de nuevos líderes populistas autoritarios, en otros, en cambio, podría producir un debilitamiento de los líderes populistas que ya están en el poder al quedar en evidencia su incapacidad e irresponsabilidad. Es preciso impedir que líderes autoritarios lleguen a los gobiernos o que aquellos que ya están consoliden su poder. Debemos hacer el máximo esfuerzo para evitar que la democracia se convierta en una víctima más del coronavirus.

Esta crisis impulsará a las sociedades a demandar políticas enérgicas de inclusión social. Luego de guerras y catástrofes la historia demuestra que la desigualdad se ha combatido con resolución. Así lo señala el historiador de Stanford Walter Scheidel: “sólo las plagas catastróficas y las guerras han impulsado a las sociedades en el pasado a fundamentalmente enderezar la desigualdad social (El Gran Nivelador: Violencia e historia de la desigualdad desde la edad de piedra hasta el siglo XXI, 2018).

Su magnitud desatará gran presión por una gran reforma del sistema de salud pública. La vulnerabilidad de la vejez torna más urgente una gran reforma de las pensiones. Y también terminar con el hacinamiento, y proveer servicios básicos universales, priorizando a los más pobres.

La pandemia elevará la prioridad de la protección social. La aceleración de la digitalización acarreará destrucción de empleos y también creará nuevos. Se impondrá a los países un gran plan de alfabetización y formación digital. El llamado “dividendo digital”, fruto de un aumento de productividad por digitalización, debería distribuirse e implantar progresivamente un ingreso básico universal. Esta crisis también nos muestra la posibilidad de reducir el CO2, consumir menos productos superfluos y conspicuos, reciclar, usar menos recursos.

También se acelerará el cambio de valores y de comportamientos. Y puede conformarse un escenario esperanzador, donde amaine el individualismo y florezca la solidaridad. Nuestro comportamiento, responsable y solidario, es un factor indispensable para ayudar a derrotar esta pandemia. Como bien dice Albert Camus en La Peste, “(…) en medio de las plagas hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

La democracia estará amenazada. Hay que estar alertas para evitar el regreso a formas autoritarias o la anomia. El temor y la vulnerabilidad pueden predisponer a las personas a transar libertad por seguridad y salud. La expansión de la digitalización, la medición personalizada de los indicadores de salud, el seguimiento y trazabilidad de cada individuo, el apoyo directo de los gobiernos a desempleados y pobres para que sobrevivan pueden abrir paso a sistemas de vigilancia y control social desconocidos. Las fuerzas armadas que supervisan cuarentenas y toques de queda pueden tornarse habituales. Existe un riesgo de autoritarismo y de control social.

Resulta igualmente apropiado preguntarnos ¿qué efectos puede acarrear la pandemia para el futuro de la democracia en países con regímenes híbridos o autoritarios? ¿cuál puede ser el impacto del coronavirus en Venezuela, Nicaragua o Cuba? Desde nuestra perspectiva, vemos que podrían darse dos situaciones, ambas con la justificación de tener mayor capacidad de resolver los problemas sanitarios y económicos. La primera, es una mayor disposición de estos regímenes a lograr acuerdos amplios con la oposición y organizaciones sociales para atender la pandemia y, de paso, ello podría abrir la puerta para avanzar gradualmente en una transición democrática. La segunda, es un vértigo autoritario para concentrar mayor poder. La tendencia dependerá de la fortaleza de la oposición y de la sociedad civil en cada caso. Existen obviamente más posibilidades de alcanzar acuerdos en aquellos países en que hay una oposición medianamente organizada, que cuente además con un claro apoyo internacional. Por el contrario, cuando la oposición está desarticulada o es débil, los escuálidos espacios democráticos podrán ahogarse aún más.

Resumiendo: el COVID-19 hará sufrir, pero también hará viables reformas institucionales que amplíen la participación ciudadana y el diálogo social, que empoderen a las personas, que corrijan las desigualdades, que impulsen la innovación y la educación, para recuperar el crecimiento. La pandemia ayudará asimismo a llevar a cabo una profunda revisión de nuestras concepciones de la democracia y nuestras prácticas de gobierno (Daniel Innerarity, “Una teoría de la democracia compleja: Gobernar en el siglo XXI”, 2020) para actualizarlas y dotarlas de nuevas herramientas que permitan gobernar, democrática y eficazmente, las sociedades complejas del siglo XXI. Se abrirá una oportunidad transformadora para contener el riesgo de nuevos autoritarismos y avanzar en una democracia de nueva generación, de mejor calidad, más resiliente y con una gobernabilidad democrática afianzada.

Dependerá de nosotros, de la colaboración nacional e internacional, del liderazgo político y de la vitalidad de la sociedad civil.


Sergio Bitar, Vicepresidente de la Junta 

Daniel Zovatto, Director regional A. Latina y el Caribe 

IDEA Internacional


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