Las fallas de la geo localización en el caso Muñeca Bielorusa
La vida cotidiana se ha vuelto inseparable de los datos que generan nuestros teléfonos, aplicaciones de transporte, relojes inteligentes y vehículos con GPS. Cada desplazamiento deja un rastro digital: coordenadas, horarios, rutas e incluso patrones de comportamiento. Esa información -irrelevante hace dos décadas- hoy es una de las evidencias más poderosas y a la vez más intrusivas del ecosistema judicial moderno.
En Chile, la geolocalización ya es parte habitual de investigaciones penales, litigios laborales y controversias civiles. El problema es que nuestro marco regulatorio no fue diseñado para este nivel de precisión tecnológica, generando decisiones dispares, estándares inciertos y riesgos serios tanto para la eficacia investigativa como para la protección de la vida privada.
Esta tensión se hizo especialmente visible en el caso mediático conocido como “Muñeca bielorrusa”, que expuso las debilidades normativas y técnicas del uso de datos de localización en procesos penales.
Durante la formalización de los presuntos autores del delito Lagos, Vargas, y Miqueles, el Ministerio Público presentó geolocalización para sostener que: (i) el escrito de reposición en favor del consorcio bielorruso se presentó desde el domicilio de la ministra Ángela Vivanco; y (ii) la ministra habría acudido a la oficina de los imputados para recibir dinero.
La Fiscalía se basó en impactos de antenas de telefonía, interpretando coincidencias de coordenadas como prueba de presencia física dentro de un inmueble. La defensa criticó duramente esta interpretación: la geolocalización por antenas no entrega precisión domiciliaria, sino solo un área de cobertura que puede abarcar varias cuadras.
Así, un dispositivo puede aparecer “cercano” a un domicilio sin que la persona haya ingresado a él. Tampoco es posible, con estos datos, concluir visitas, permanencia o entrega de dinero. El caso reveló algo evidente para la ingeniería y para la doctrina procesal: los datos de antenas son indicios, no certezas.
La controversia evidenció que Chile aún no diferencia adecuadamente entre: (i) geolocalización de alta precisión (GPS), con márgenes reducidos de error; (ii) geolocalización aproximada mediante antenas (CSLI), insuficiente para atribuir conductas específicas; y (iii) registros de aplicaciones, dependientes de configuraciones y servidores en el extranjero.
Sin reglas claras, tribunales y litigantes oscilan entre sobrevalorar o desestimar totalmente estos datos, perdiendo equilibrio probatorio.
Ante este panorama, Chile debe avanzar hacia un Estatuto de Geolocalización que contemple: orden judicial previa para acceder a datos sensibles; protocolos de cadena de custodia digital; diferenciación técnica obligatoria; límites temporales estrictos; prohibición de geolocalización encubierta de trabajadores; y reglas robustas de exclusión probatoria.
La discusión sobre la geolocalización como medio de prueba en Chile demuestra que, más que la dictación inmediata de un nuevo estatuto legal, el desafío urgente reside en la construcción de criterios hermenéuticos sólidos, elaborados desde la doctrina especializada y consolidados a través de decisiones judiciales consistentes. En un escenario de vacío normativo, la precisión conceptual y técnica debe provenir de la literatura jurídica y de los tribunales, que están llamados a delimitar con claridad los supuestos de obtención, incorporación y valoración de estos datos, así como los estándares de autenticidad, integridad y licitud exigibles.
Asimismo, resulta indispensable que los operadores jurídicos -fiscales, defensores, abogados litigantes, peritos y jueces- integren de manera más frecuente y rigurosa la geolocalización dentro de sus estrategias probatorias. Su utilización sistemática permitirá desarrollar buenas prácticas, uniformar criterios de cadena de custodia digital y profundizar en metodologías de verificación técnica que hoy, en muchos casos, son aplicadas de manera fragmentaria o intuitiva.
De este modo, el fortalecimiento de la geolocalización como medio de prueba no depende únicamente de la creación de nuevas normas, sino de un “proceso progresivo de sedimentación jurisprudencial y doctrinal”, que permita reducir incertidumbres y otorgue predictibilidad a su utilización. La consolidación de un cuerpo jurisprudencial estable, alimentado por una comunidad académica atenta a los desafíos tecnológicos del proceso judicial, puede cumplir -al menos transitoriamente- la función que en otros países desempeñan marcos legales específicos.
En suma, el desarrollo futuro de la geolocalización en Chile exige mayor reflexión doctrinal, mayor precisión judicial y un uso más extendido y técnicamente fundamentado por parte de los profesionales del derecho, asegurando que esta herramienta contribuya eficazmente al esclarecimiento de los hechos sin menoscabar la vida privada ni la autodeterminación informativa de las personas
La lección del caso “Muñeca bielorrusa” es clara: la geolocalización puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo si no existe un marco jurídico moderno y preciso. La justicia del siglo XXI exige rigor técnico, garantías constitucionales y límites bien definidos.
Francisco José Pinochet Cantwell
Doctor en Derecho
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
LL.M California Western School of Law, USA
