¿Nuevo Pacto Tributario?
Ayer me preguntaron si este “nuevo pacto social” que se quiere materializar a través de una nueva constitución involucraba también un “nuevo pacto tributario”, asumiendo que el sistema tributario vigente cambiaría ante una modificación de la carta fundamental. Mi respuesta es sí, pero ese cambio no depende de un cambio de esa naturaleza.
Sin duda que la Constitución es la base que ordena todo el sistema jurídico de nuestro país y, por ello, el sistema tributario debe comulgar con esa base. En la actualidad es así y el sistema tributario cumple con aplicar en forma igualitaria los tributos en proporción a las rentas y a la progresión de ellas (en el caso de las personas naturales), no existiendo impuestos manifiestamente desproporcionados e ingresando todos los recursos al patrimonio de la Nación, según rezan los articulados particulares en materia impositiva que están en la actual Constitución. Pero existen muchísimos beneficios sociales que no están siendo otorgados de la forma cómo la ciudadanía lo requiere y obliga al Estado a replantear si está cumpliendo sus fines y, especialmente, el rol que está cumpliendo.
Según la actual Constitución, el Estado cumple el rol subsidiario en razón del cual reconoce a los sectores intermedios de la sociedad como agentes del crecimiento y desarrollo del país, a quienes les otorga la suficiente autonomía para desarrollarse y contribuye a crear las condiciones sociales que permitan a todas y todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material. Ahí está el problema pues el Estado ha sido laxo esa última tarea y no ha ayudado a que todos los integrantes de la sociedad, puedan realizarse según sus aspiraciones.
Esa brecha entre el reconocimiento de la autonomía de los grupos intermedios y la realización espiritual y material solo se puede cubrir con una acción potente y enérgica del Estado, para lo cual requiere de recursos permanentes que son los tributos que, como ya se indicó, deben ser en proporción a las rentas, no injustos y de igualitaria aplicación.
Al parecer, estos 40 últimos años han evidenciado que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para realizar la acción activa del rol subsidiario y bajo ese palmario hecho es menester replantearse el sistema tributario, pero no con la excusa de la generación de una nueva constitución, sino por no haber cumplido lo que el texto actual ordena. Es por ese hecho que resulta más urgente el planteamiento de este “nuevo pacto tributario”.
La lógica que debe imperar y que debe ser socializada con los actores sociales, especialmente los empresarios, es utilizar los tributos para rectificar errores del sistema como la desigualdad en los ingresos que presenta nuestro país, el cual es uno de los más dispares de nuestro continente. Si bien podemos considerar el Impuesto Global Complementario y el Impuesto Único al Trabajo como tributos patrimoniales que afectan a las personas naturales que tienen mayores ingresos, debemos entender que la actual lógica de tributación resulta insuficiente y es imperioso avanzar en aplicar progresividad en otros tributos como el Impuesto a la Renta de Primera Categoría, cuya tasas actuales son un 25% o un 27% dependiendo si el contribuyente está acogido a la letra A o letra B del actual artículo 14 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, y que se aplican sin reconocer el monto de la renta generada, afectando con la misma tasa a grandes y a pequeños empresas.
Dada la diferencia radical entre los ingresos que generan las grandes empresas en relación a las micro y pequeñas, resulta insuficiente aplicar una tasa pareja a todas ellas, siendo evidente la necesidad de generar tramos para aplicar tasas por tramos, separando entre pequeñas, medianas y grandes empresas.
Esto yo ya lo he planteado en años anteriores, como también lo han hecho muchas otras personas, pero otrora no estaban las voces… mejor dicho… los gritos en las calles que impelen a replantear todos los sistemas.
Otro elemento que llamo la atención a considerar para lograr una mejor distribución, dada la concentración de la riqueza y el control que ejercen los grupos de poder sobre las utilidades empozadas en las compañías, creo oportuno, tal como ya lo señalé hace unas semanas, es considera un impuesto al “rubro patrimonio” de las grandes empresas. Debería ser una tasa acorde a las proyecciones de las inversiones y a la rentabilidad esperada, criterios que deben ser ventilados en un debate público y en consideración a la revisión del rol subsidiario que no ha dado los resultados sociales esperados, el cual puede ser mejorado y potenciado con un rol regulador que garantice la acción “activa” del Estado en el ejercicio de generación de beneficios sociales que los ciudadanos están esperando y desgañitando en las calles al ver que éstos no han llegado.
Prof. Germán R.Pinto Perry
Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Universidad de Santiago
