Miguel Brunaud R.

Con motivo de la aprobación de la Ley que autoriza el retiro del 10% de sus ahorros a los trabajadores desde las AFP, me parece oportuno significar la miseria intelectual que hubo en torno al debate que generó esta iniciativa. Pareciera que se olvidó por completo que los ahorros previsionales se han pensado para la vejez, en condiciones normales de funcionamiento de una sociedad, y no para una situación excepcional. 

Con motivo de la dictación de la Ley N.º21.220 se ha implementado en Chile el trabajo a distancia bajo la modalidad del teletrabajo, como una medida reactiva frente a los problemas laborales que ha generado la crisis sanitaria del COVID-19. A diferencia de otras latitudes como en Europa que rige desde el año 2002 a través del AMET (Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo de 16 de julio de 2002).

A propósito del oficio famoso que se desarrolla en países como Ghana y que ha dado lugar a diversos “memes”, me vienen a la mente nuestros alcaldes, que, en época de crisis, salvo contadas excepciones, han desarrollado toda una alegoría en torno a la muerte.

Con motivo del avance del COVID-19, imperioso resulta para los abogados que nos dedicamos a asesorar empresas en materia laboral, como implementar estrategias jurídicas que permitan a la compañía hacer frente a la crisis.

Tras el Dictamen N.º1283/006 de 26 de marzo emanado por la Directora Subrogante de la Dirección del Trabajo Sra. Camila Jordán, demasiado ha sido el revuelo, lo que demuestra que no se entendió ni lo literal ni el espíritu, en ambos casos correctos, que contenía dicho Dictamen.

Resulta complejo hablar de una reducción de la jornada laboral en Chile cuando la actividad económica está débil, en vías de recuperación de las nefastas reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet y las malas proyecciones por el incierto panorama internacional.