Analizan proyecto que aborda denuncias falsas en juicios que involucran a menores

(www.camara.cl)

Con la participación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, la Comisión de la Familia analizó el proyecto (boletín 18326) que refuerza la protección integral de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales, al tiempo que establece medidas de prevención y sanción de falsos informes y denuncias.

La propuesta se originó en una moción impulsada por el diputado Juan Irarrázaval. La firman también Cristóbal Urruticoechea, Roberto Celedón, Eduardo Durán, Ximena Naranjo, Paula Olmos, Álvaro Ortiz y Zandra Parisi.

La iniciativa plantea la preocupación por el uso instrumental de las denuncias, a fin de obtener ventajas personales en diversos procedimientos. A modo de ejemplo se mencionan causas de cuidado personal de niños, niñas y adolescentes.

En particular, el proyecto se propone sancionar las conductas que, mediante simulaciones, utilizan en forma abusiva los mecanismos procesales, pudiendo generar el aislamiento injustificado del niño respecto de uno de sus progenitores, sus otros parientes o referentes afectivos.

Rabat sostuvo que la propuesta plantea dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay que velar por el interés superior del niño, lo que significa protegerlo.

“Y, en segundo lugar, tenemos que evitar que el sistema se preste para lo que se denominan denuncias falsas, porque eso trae consecuencias en desmedro del bienestar de los niños puesto que, muchas veces, implican una separación física o la pérdida de, por ejemplo, el cuidado personal o el derecho a establecer una relación directa y regular con los padres”, precisó el ministro.

En este marco, estimó que es un proceso que hay que analizar y que tiene un objetivo loable para el Ejecutivo.

Puntos destacados en la presentación

Ante la comisión, Fernando Rabat destacó los siguientes puntos:

Incorporación de modificaciones al principio del interés superior del niño, impulsando la importancia del bienestar integral de aquel.

Se reconoce la relevancia de mejorar la regulación de los informes periciales. En dicha línea, se estima necesario una mayor precisión en torno a las exigencias que les son aplicables.

Se estima conveniente ponderar el estándar previsto para la adopción de determinadas medidas por parte del tribunal, atendiendo el principio de proporcionalidad.

Se crea un reclamo administrativo.

En materia de cuidado personal, se plantea la incorporación de un nuevo criterio que debe tomar en consideración el tribunal al momento de establecer el régimen.

Se incorporan nuevas causales de indignidad y desheredamiento, las cuales impulsan la importancia de estas materias.

El ministro valoró que se proponga estudiar una vía que implique mecanismos que otorguen mayor valor a las costas procesales, al uso adecuado de la sana crítica por parte de los tribunales y una fundamentación suficiente de las decisiones adoptadas, elevando así el estándar de exigencia en la materia.

Estimó que el propósito de esta normativa es reforzar la credibilidad del sistema de protección, evitando las denuncias falsas. De tal modo, se busca asegurar que se pueda distinguir adecuadamente entre situaciones auténticas de riesgo o vulneración, que deben ser atendidas con la máxima urgencia, y aquellas actuaciones abusivas o de mala fe que desnaturalizan los procedimientos judiciales y perjudican tanto a los niños como al correcto funcionamiento de la justicia.

En tal línea, evaluó que la propuesta va a redundar en un fortalecimiento de los tribunales y en la adopción de medidas cautelares a favor de los niños que se apeguen a la legalidad vigente.

Recalcó que este proyecto no limita el acceso a la justicia, dado que operaría al final de un proceso, como sanción frente a denuncias falsas. “Lo que establece es poner cotos y establecer consecuencias para quienes, de mala fe, ocupan los procedimientos que están actualmente vigentes. Por ello es muy importante regular los procedimientos periciales”, alertó.

En torno a la propuesta, el diputado Roberto Celedón estimó que la sanción está mal dirigida. Consideró que es preciso velar por la veracidad en todos los procesos judiciales. De ahí que evaluó que una mejor sanción estaría en la línea del delito de prevaricación (cuando se dicta una resolución injusta, arbitraria o contraria a la ley, a sabiendas) que se aplica a los jueces y no en las denuncias falsas.