Gobernantes: entre la planificación y la inmediatez
La relación entre ciudadanía y gobierno atraviesa una tensión creciente que no se explica únicamente por la priorización de recursos públicos o la complejidad de los problemas sociales, sino que también -tal como ocurre en el resto del mundo-por gobernantes que creen deben responder siempre y de manera casi automática a demandas ciudadanas inmediatas.
La digitalización ha elevado los estándares de interacción con el Estado, instalando expectativas de atención permanente, trazabilidad y resolución rápida de problemas. La paradoja es evidente: la ciudadanía espera un Estado tan ágil como las plataformas digitales que utiliza diariamente, pero las instituciones públicas operan bajo reglas, controles y tiempos que difícilmente pueden replicar esa lógica.
En este contexto, el gobierno central así como los gobiernos regionales y locales enfrentan una presión constante por gestionar una agenda pública cada vez más condicionada por la contingencia y las demandas inmediatas. Redes sociales, medios digitales y canales de atención ciudadana han reducido drásticamente la distancia entre el problema y la exigencia de una respuesta. Una denuncia vecinal, una falla en un servicio o un hecho de inseguridad pueden transformarse en cuestión de horas en una prioridad gubernamental. Esta dinámica ha favorecido una gestión pública reactiva, donde la capacidad de responder rápidamente suele valorarse más que la capacidad de planificar estratégicamente. El resultado es una institucionalidad sometida a una lógica de urgencia permanente, en la que los problemas estructurales compiten con demandas coyunturales que exigen atención instantánea.
El riesgo de esta gobernanza “on demand” es que puede debilitar la calidad de las políticas públicas. Los gobiernos están llamados a resolver necesidades ciudadanas, pero también a priorizar, anticipar y administrar recursos escasos con criterios de equidad y sostenibilidad. Cuando la acción pública queda excesivamente determinada por la presión del momento, aumenta la probabilidad de adoptar medidas simbólicas, fragmentadas o de corto alcance.
La ciudadanía interpreta la rapidez como eficacia, mientras que la administración pública requiere procesos deliberativos, evaluaciones técnicas y coordinación institucional. Allí surge una tensión estructural. Cuanto más se acelera la respuesta política para satisfacer expectativas inmediatas, más difícil resulta construir soluciones permanentes a problemas complejos.
La respuesta no pasa por ignorar las demandas ciudadanas ni por defender burocracias lentas e indiferentes. En una sociedad hiperconectada, la legitimidad ya no depende únicamente de resolver problemas, sino también de gestionar expectativas. Gobernar a demanda puede otorgar réditos inmediatos, pero gobernar con propósito sigue siendo la única vía para enfrentar exitosamente los desafíos de largo plazo.
La modernización del Estado consiste entonces, en compatibilizar y mejorar permanentemente la capacidad de respuesta de nuestra institucionalidad. No basta con hacer las cosas rápido, hay que hacerlas bien procurando siempre salvaguardar el interés general.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
