Gobiernos regionales o sucursales de pago

Hay una escena que se repite cada año en algún gobierno regional de Chile. Llega diciembre, los recursos siguen ahí, casi intactos, y nadie logra explicar del todo por qué. 

La respuesta, es simple y se relaciona con algo incómodo de admitir: los Gobiernos Regionales no construyen, sino que aprueban carteras de proyectos, giran los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y ahí termina su parte. Quien realmente levanta la obra (licita, contrata, avanza en terreno) es otro. Un municipio, un servicio de salud, una dirección sectorial. En la práctica, los GORE funcionan como una banca de segundo piso y a esa arquitectura, de por sí compleja, se le suma algo que rara vez se dice en voz alta: “las 16 regiones no tienen ni de cerca la misma capacidad para hacer que ese dinero se transforme en obras”.

Los números de ejecución presupuestaria disponible lo dejan bastante claro. Comparando julio de 2025 con julio de 2026, existen regiones con presupuestos y problemas parecidos que terminan yendo en direcciones opuestas. O'Higgins -22,1 puntos de ejecución, Valparaíso -17,7, Araucanía -15,3. Mientras tanto, Coquimbo subió 11,9 puntos y Antofagasta 9,3 aunque estas últimas partiendo de niveles bastante bajos el año anterior. A nivel país, la foto tampoco es alentadora: la ejecución total de los Gobiernos Regionales rondaba el 98% entre 2022 y 2023, cayó a 90,3% en 2024, y en el mismo corte de julio bajó de 44,8% a 38,4% entre 2025 y 2026. Ante esta caracterización algunos gobernadores sostienen que buena parte de esa brecha es contable, es decir, depende de si se cuenta el gasto cuando se transfiere el dinero o solo cuando la unidad ejecutora rinde formalmente.

Y ahí está, en realidad, el fondo del asunto. Cuando Chile decidió elegir gobernadores regionales por votación popular, les entregó poder político, pero no les dio, en la misma proporción, la capacidad técnica para ejecutar. La mayoría de los GORE no tienen equipos propios capaces de diseñar, licitar y fiscalizar obras, así que dependen de las mismas unidades ejecutoras - municipios, servicios sectoriales- que ya existían antes de la reforma, con capacidades absurdamente distintas entre una comuna grande y una pequeña. Sumémosle el ciclo político; cada cambio de administración trae consigo una curva de aprendizaje, un reordenamiento de proyectos y, en los hechos, meses perdidos simplemente abriendo el presupuesto. El resultado es que ese número que llamamos "ejecución regional" en realidad mezcla tres cosas distintas: a) qué tan rápido aprueba el GORE, b) qué tan capaz es quien ejecuta, y c) qué criterio contable se usó para medirlo, lo que lo convierte en un termómetro bastante poco confiable para juzgar si un gobierno regional lo está haciendo bien o mal.

¿Se puede arreglar? Sí, pero exige aceptar que los Gobiernos Regionales siguen siendo preferentemente intermediarios financieros y que debe transitarse hacia un fortalecimiento de los procesos de descentralización, es decir, no solo dándoles plata, sino capacidad de gestión política y cuadros técnicos capaces de articular intervenciones en las más diversas áreas a nivel de su jurisdicción, en vez de mantenerlos como un mero articulador de municipios sin poder real. 

Mientras eso no pase, seguiremos evaluando a un banco de segundo piso con las reglas de una sucursal que, en rigor, nunca tuvo.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido 

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile