Incentivar la formalidad para crear empleo
La discusión sobre empleo en Chile ha entrado en una fase menos complaciente y más estructural. El foco ya no está solo en cuántos puestos de trabajo se crean, sino en qué tipo de empleo se promueve y bajo qué incentivos. En ese contexto, la propuesta de fortalecer el empleo formal mediante incentivos tributarios a los empleadores introduce un giro relevante. Apunta a corregir una distorsión que ha crecido, producto de la realidad económica de nuestro país, que el contratar formalmente sigue siendo percibido como un costo elevado, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
El diagnóstico es conocido, pero no por eso menos urgente. En el trimestre diciembre 2025–febrero 2026, la desocupación alcanzó 8,3%, con una incidencia aún mayor en mujeres, donde llegó a 9%. A ello se suma un nivel de informalidad que erosiona la recaudación fiscal y deja a miles de trabajadores fuera de la seguridad social, sin acceso a protección efectiva ni derechos plenamente garantizados. Revertir esa situación requiere algo más que fiscalización. Supone alinear los incentivos para que formalizar no sea una carga adicional, sino una decisión económicamente racional.
En ese marco, la idea de permitir que parte del costo laboral se traduzca en beneficios tributarios para el empleador tiene lógica económica pero también de política laboral. No se trata de subsidiar indiscriminadamente, sino de reconocer que la formalización genera externalidades positivas que el mercado, por sí solo, no captura del todo. Si el diseño es adecuado, el efecto podría ser significativo, sobre todo en segmentos donde la decisión de contratar formalmente está en el margen.
Este cambio de enfoque se vuelve más comprensible cuando se revisa el sistema que busca reemplazar. La franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo permitió durante décadas que empresas descontaran del impuesto a la renta los gastos destinados a la capacitación. En teoría, el instrumento contribuía a mejorar la empleabilidad y la productividad. En la práctica, su impacto ha sido objeto de cuestionamientos crecientes. Informes y evaluaciones han apuntado a una baja efectividad en la inserción laboral, mientras que su operación dio lugar a una industria de intermediación que no siempre estuvo alineada con resultados verificables.
Las críticas no son nuevas. Ya en 2017, la ex ministra del Trabajo Evelyn Matthei calificaba al sistema como una “máquina de hacer fraude”, aludiendo a cursos que no se realizaban o a contenidos de dudosa pertinencia laboral. Más allá del tono, el punto de fondo es relevante. Cuando el incentivo se concentra en el gasto y no en el resultado, el riesgo de ineficiencia es alto. El Estado termina financiando procesos cuya contribución al empleo efectivo es, en el mejor de los casos, incierta.
Eliminar la franquicia no implica renunciar a la capacitación, pero sí cambiar la lógica o foco bajo la cual se promueve. El nuevo énfasis está en el empleo como espacio de aprendizaje y en la contratación formal como vehículo principal de integración laboral. Es una apuesta que privilegia el resultado objetivo por sobre el mecanismo.
El desafío, sin embargo, no es menor. Sustituir un sistema, aun imperfecto, exige asegurar que el nuevo esquema sea capaz de generar tanto empleo como capacidades. Si los incentivos a la contratación logran reducir la informalidad y expandir el empleo protegido, el giro habrá valido la pena. Si no, el riesgo es haber desmontado un instrumento sin construir un reemplazo equivalente.
La discusión de fondo, entonces, no es ideológica, sino de eficacia económica y de política laboral. Cómo lograr que más personas trabajen, con derechos y protección, en una economía que necesita crecer y aumentar su productividad. En esa ecuación, alinear incentivos parece un buen punto de partida. El resultado dependerá, como siempre, de la forma en que sea ejecutada.
Cristián Aguayo,
Socio AEM Abogados
