Dipres publica estudio sobre avances en regulación presupuestaria de las transferencias del Estado a las instituciones privadas sin fines de lucro

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el estudio "Avances en Regulación Presupuestaria y Fortalecimiento de la Transparencia en las Transferencias del Estado a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro", documento que forma parte de la Serie de Estudios de Finanzas Públicas de la institución.

La publicación destaca que las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) cumplen un rol relevante como colaboradoras del Estado en la provisión de bienes y servicios de interés público, especialmente en áreas comunitarias, culturales, sociales, y territoriales. Sin embargo, durante décadas, la regulación aplicable a las transferencias de recursos del Estado a instituciones privadas sin fines de lucro se caracterizó por una baja estandarización normativa. Esta detalla que, si bien existían disposiciones generales en el Código Civil, en la normativa presupuestaria anual y en regulaciones sectoriales específicas, no se contaba con un marco coherente y homogéneo que estableciera estándares comunes en materia de asignación, ejecución, control y rendición de cuentas de estas transferencias.

El documento plantea que, en la práctica, cada Ley de Presupuestos fue incorporando un número creciente de normas s presupuestarias que habilitaban excepciones a la normativa general o permitían asignaciones directas, configurando un entramado normativo complejo, heterogéneo y difícil de supervisar de manera integral" y precisa que "este escenario generó debilidad de los mecanismos de seguimiento de la ejecución y falta de información oportuna y comparable sobre el uso de los fondos públicos transferidos".

Principales modificaciones

Ante este diagnóstico, la Dipres realizó un proceso sistemático de revisión y optimización de la normativa presupuestaria asociada a las transferencias a IPSFL. El objetivo fue racionalizar las glosas presupuestarias, fortalecer el articulado de dicha normativa, estandarizar los requisitos para la asignación de recursos y las obligaciones respecto de la rendición de cuentas, y clarificar distintos aspectos de la relación entre Estado e instituciones privadas sin fines de lucro.

Utilizando también el diagnóstico realizado por la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones sin fines de lucro y el Estado -conocida como Comisión Jaraquemada-, el trabajo realizado en las últimas cuatro formulaciones presupuestarias ha apuntado a establecer estándares comunes y obligatorios para la asignación, ejecución y rendición de cuentas de las transferencias, reduciendo la dispersión normativa y la dependencia de regulaciones contenidas en glosas presupuestarias.

Este proceso implicó más de 1.000 modificaciones normativas en la Ley de Presupuestos 2024, desglosadas en la incorporación de cuatro nuevos artículos, cambios en 672 glosas presupuestarias y ajustes en 336 asignaciones presupuestarias, proceso que ha seguido evaluándose año a año. "En conjunto, estas modificaciones configuraron un cambio estructural en la forma en que el Estado regula su relación financiera con las instituciones privadas sin fines de lucro, elevando los estándares de asignación, control, transparencia y uso de los recursos públicos", se lee en el documento.

Entre las principales medidas implementadas, destaca el haber establecido en los artículos de la Ley de Presupuestos requisitos diferenciados para las entidades privadas sin fines de lucro beneficiarias finales de una transferencia (por ejemplo, organizaciones comunitarias o juntas de vecinos) y para las que cumplen el rol de ejecutoras directas de programas o políticas públicas, mandatadas por un organismo del Estado para la ejecución de determinadas acciones o iniciativas.

Otro cambio central fue definir la obligatoriedad de la asignación de recursos mediante concurso y la suscripción de convenios para la transferencia de recursos a instituciones privadas y el contenido de estos, tanto para las transferencias corrientes como para las de capital. Con anterioridad, esta exigencia estaba regulada en la Ley de Presupuestos únicamente para las transferencias corrientes. Respecto del contenido de los convenios con ejecutores de política pública se incorporaron requisitos adicionales, como la exigencia de una antigüedad mínima de dos años, la acreditación de experiencia en la materia, se condicionó la transferencia de recursos al cumplimiento de hitos asociados al objetivo del convenio, y se homologaron exigencias de la Ley de Compras Públicas.

También se establecieron normas, plazos y procedimientos específicos para el reintegro al Fisco de recursos provenientes de transferencias y para restituir saldos no utilizados por las instituciones privadas. Además, se incorporaron normas de inhabilitación para autoridades, funcionarios públicos y personal contratado a honorarios que participen o intervengan en estos procesos, y se tomaron medidas explícitas para prevenir los conflictos de interés.

A nivel de glosas presupuestarias, se avanzó en su estandarización en materias recurrentes, se limitaron las excepciones legales autorizadas por esta vía y se eliminaron las asignaciones directas mediante este mecanismo. Puntualmente, en el Presupuesto 2024 se realizó un primer esfuerzo para clasificar correctamente los gastos en transferencias, y que lo efectivamente pagado a instituciones del sector privado correspondiera a lo que estaba autorizado en la Ley. Luego, en la Ley de Presupuestos 2025 se ajustó de manera más estricta el cumplimiento del clasificador presupuestario por objeto del gasto, realizando además un esfuerzo significativo por reordenar las asignaciones en función de su destinatario, es decir, según se trate de una institución pública o privada.

Con todo, el estudio reconoce que persisten desafíos relevantes, siendo el principal asegurar un marco permanente que reduzca la dependencia de la Ley de Presupuestos, cuya vigencia anual limita la estabilidad de las reglas. En este marco, el Ejecutivo presentó al Congreso en enero de 2024 el proyecto de ley que Establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas, y modifica la ley N°19.862 (Boletín N°16.628-05), iniciativa que consolida de manera estable los avances alcanzados desde 2024.

"Las modificaciones introducidas permitieron trasladar la regulación de las transferencias desde un esquema basado en glosas presupuestarias específicas hacia un marco normativo general contenido en el articulado de la Ley de Presupuestos, aplicable de manera transversal a todos los órganos y servicios públicos, tanto del Gobierno Central, que incluye a los Gobiernos Regionales", resaltó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, quien indicó que "la consolidación de estos avances, mediante un marco legal permanente y herramientas institucionales robustas, será clave para resguardar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia activa, mejorar la calidad de la información presupuestaria y profesionalizar la relación de colaboración entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, asegurando a la vez continuidad y efectividad en la provisión de bienes y servicios de interés público. Por eso como Ejecutivo presentamos un proyecto de ley que justamente define ese marco permanente".

El informe completo se encuentra disponible aquí.