Señor Director:
La realidad migratoria en Chile ha dejado de ser una proyección numérica y cuantificable para convertirse en un fenómeno social complejo con muchas aristas. Esto impacta en temas sociales, económicos, educacionales, vivienda y seguridad pública y la percepción de esta. Estamos viviendo en una sociedad que percibe que es más probable morir siendo víctima de un delito, que de problemas de salud o vejez.
En el ámbito económico, los datos oficiales de los últimos cinco años revelan una realidad que a menudo queda opacada por la sensación de inseguridad. Según informes del Banco Central de Chile, la inmigración ha actuado como un motor relevante para el crecimiento del Producto Tendencial, compensando el envejecimiento demográfico de nuestra nación. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y estudios recientes basados en cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la OIM, indican que la población migrante —que representa cerca del 8,7% de los habitantes— contribuyó con un 10,3% del PIB en 2024. Este aporte se explica por una mayor tasa de participación laboral (78,8% frente al 67,4% de los locales) y una estructura etaria joven, donde el 82,7% de los extranjeros está en edad de trabajar.
Ante este escenario, el manejo de la crisis no puede quedar sujeto a los vaivenes de las políticas públicas del gobierno de turno. Resulta urgente establecer políticas de Estado que perduren en el tiempo, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Como bien se desprende del análisis del Derecho Migratorio en Chile, no basta con una "igualdad en el papel"; necesitamos un marco legal que, bajo los lineamientos de la Ley 21.325, permita planes de acción con procesos de mejora continua. El Ejecutivo debe tener flexibilidad para actuar frente a contingencias, pero sin salirse de una estrategia nacional robusta que garantice tanto el orden público como el respeto a la dignidad humana.
Es fundamental comprender que las soluciones al desafío migratorio no son únicas, estáticas ni completas. Desde la experiencia de más de dos décadas velando por la seguridad pública y el ordenamiento jurídico, se hace evidente que las respuestas deben evolucionar constantemente a través de procesos de mejora continua. Esta gestión debe ser integral, abarcando con la misma urgencia los ámbitos de seguridad pública, salud, educación, político y económico, entre otros factores que determinan y buscan el bien común. Solo mediante un análisis reflexivo, guiado por la tolerancia y el librepensamiento, Chile podrá implementar estrategias de Estado que se adapten a la realidad del terreno. La fraternidad y la justicia deben ser el norte de una política que, lejos de soluciones reactivas, busque un equilibrio sostenible entre la protección de nuestras fronteras y la dignidad de toda persona.
Atentamente,
Gerardo Gutiérrez Tapia
Ingeniero en Prevención de Riesgos
