Institucionalidad, coherencia y confianza económica
Sr. Director,
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de reabrir la investigación contra el presidente Gabriel Boric -en la causa por malversación de caudales públicos debido a la contratación de un abogado para su defensa- trasciende el ámbito jurídico y adquiere relevancia desde la perspectiva de la política pública. En un contexto de bajo crecimiento, estrechez fiscal y necesidad de recuperar confianzas, este tipo de resoluciones constituye una señal institucional que afecta la percepción de estabilidad, gobernanza y calidad del Estado, factores clave para el funcionamiento de la economía.
La contratación de servicios profesionales con recursos públicos, aun cuando haya sido posteriormente revertida, expone debilidades en los mecanismos de control y en los estándares de prudencia administrativa del propio aparato estatal. Esto resulta complejo cuando el gobierno promueve mayores exigencias normativas, de cumplimiento y de responsabilidad al sector privado. Desde la política pública, la asimetría en los estándares erosiona la legitimidad de las reformas y eleva los costos de credibilidad institucional, con efectos directos sobre la inversión y el riesgo país.
El rechazo al sobreseimiento definitivo y la reafirmación de la independencia judicial refuerzan un principio esencial en toda estrategia de desarrollo: el escrutinio institucional debe ser universal. La confianza económica se construye con coherencia entre normas, prácticas y responsabilidades. Fortalecer la institucionalidad es, por tanto, una condición previa para avanzar en crecimiento, productividad y sostenibilidad fiscal.
Pablo Müller-Ferrés
Director Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas
Universidad Autónoma de Chile
