Protección de datos: la confianza pendiente del Estado digital
Cada 28 de enero, el Día Mundial de la Protección de Datos Personales nos invita a reflexionar sobre un activo invisible, pero fundamental: la confianza. En Chile, esta conversación adquiere especial relevancia en un momento clave, cuando la nueva Ley de Protección de Datos Personales comenzará a regir en diciembre de este año y redefinirá la relación entre las personas, el Estado y el uso de la información personal.
En la última década, el país ha avanzado de manera decidida hacia la digitalización de los servicios públicos. Hoy es posible pagar impuestos, solicitar certificados o realizar trámites en el Registro Civil sin acudir presencialmente, gracias a plataformas digitales cada vez más extendidas y al uso masivo de la Clave Única. Sin embargo, la adopción tecnológica no siempre avanza al mismo ritmo que la confianza de los usuarios.
Una encuesta reciente realizada por la Alianza Chilena de Ciberseguridad junto a Cybertrust muestra una señal de alerta: solo una de cada tres personas considera que el Estado cuenta con la capacidad técnica para proteger adecuadamente sus datos personales. Más aún, un segmento relevante de los encuestados cree que su información podría ser compartida entre instituciones sin su consentimiento. Estas percepciones no son menores; son un reflejo de una brecha que, de no abordarse, puede limitar el potencial del Estado digital.
La nueva legislación representa un cambio profundo. Por primera vez, los titulares de los datos pasan a ocupar un rol central, con mayores derechos, exigencias de consentimiento explícito y obligaciones claras para quienes tratan información personal, tanto en el sector privado como en el público. No se trata solo de cumplir una norma, sino de cambiar una lógica histórica: los datos no pertenecen a las instituciones, pertenecen a las personas.
Paradójicamente, aunque una mayoría de los usuarios declara sentir cierto control sobre su información en plataformas estatales, el nivel de desconocimiento respecto de la ley sigue siendo alto. Una parte significativa de la ciudadanía cree que esta normativa solo aplicará a empresas privadas, cuando en realidad los organismos públicos también estarán sujetos a las mismas exigencias. Esta desconexión evidencia que el desafío va mucho más allá de la infraestructura tecnológica.
La protección de datos es, en esencia, un problema de gobernanza. Requiere capacidades técnicas robustas, pero también transparencia, educación y coherencia institucional. No basta con contar con sistemas seguros si las personas no entienden qué datos se recolectan, para qué se utilizan y cuáles son sus derechos frente a eventuales abusos o vulneraciones.
La implementación de la nueva Ley de Protección de Datos exige fortalecer las capacidades técnicas del Estado, avanzar en una gobernanza clara de la información y reducir las brechas de madurez entre instituciones. A ello se suma la necesidad de formar a los funcionarios públicos, educar a la ciudadanía sobre sus derechos y asegurar mecanismos efectivos de fiscalización, para que la normativa se traduzca en mayor confianza en los servicios digitales del Estado.
En este Día Mundial de la Protección de Datos, el llamado es claro: la entrada en vigencia de la nueva ley debe ser una oportunidad para fortalecer la confianza en el Estado digital. Invertir en ciberseguridad, comunicar de manera clara y educar a la ciudadanía serán factores decisivos para que la transformación digital no solo sea eficiente, sino también legítima y confiable. Sin confianza, no hay digitalización que se sostenga en el tiempo.
Marco Antonio Álvarez
Presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad
