En estos días, se ha conocido que algunas entidades han manifestado incomodidad por estar en la nómina de Operadores de Importancia Vital (OIV), que determina la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), según lo establecido en la Ley Marco de Ciberseguridad. Incluso, hay acciones judiciales por el motivo señalado, y claramente, están en su derecho. Toda calificación administrativa que impone obligaciones debe poder discutirse, y la vía judicial es parte de las reglas del juego.
