Sr. Director,
La reciente aprobación del artículo 124, que prórroga automáticamente las licencias de conducir vencidas en 2025 y 2026, evidencia una práctica recurrente en nuestro país: intentar solucionar mediante leyes lo que en realidad son fallas estructurales de gestión estatal.
Si bien la saturación de las Direcciones de Tránsito municipales justifica medidas excepcionales, resulta preocupante que estas prórrogas se hayan normalizado. La licencia de conducir no es un simple trámite administrativo; es la certificación de aptitudes físicas y técnicas mínimas para garantizar la seguridad vial. Al postergarla sistemáticamente, se relativiza su importancia y se envía un mensaje ambiguo a la ciudadanía: el cumplimiento oportuno parece ser opcional cuando el propio legislador normaliza el vencimiento de los permisos.
Este alivio transitorio no ataca el problema de fondo. Mientras no existan soluciones estructurales —como una digitalización efectiva, mayor dotación municipal o un rediseño integral del sistema de renovación— seguiremos atrapados en un ciclo de improvisación.
Persistir en esta lógica es postergar indefinidamente un problema que requiere planificación y voluntad política, no más extensiones automáticas. La seguridad en nuestras rutas no debería depender de la incapacidad de gestionar un trámite básico.
Andrés Celedón
Académico de la Facultad de Derecho
Universidad Autónoma