Inversión petrolera en Venezuela: ¿Una oportunidad para la democracia?

La reciente propuesta del presidente Donald Trump de promover la inversión de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela ha sido recibida, en ciertos círculos, con una mezcla de suspicacia ideológica y simplificaciones jurídicas. Se ha insinuado que Estados Unidos “pretendería quedarse con el petróleo venezolano”, como si se tratara de una nueva forma de colonialismo energético. Sin embargo, un análisis serio —económico, jurídico e institucional— demuestra exactamente lo contrario: la iniciativa descansa en principios propios de una economía de mercado, del respeto a la propiedad privada y, en último término, del Estado democrático de derecho.

Partamos por una precisión esencial. Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal que pueda apropiarse de recursos naturales ajenos. A diferencia de Venezuela -con PDVSA- o de otros países productores, el modelo estadounidense se basa exclusivamente en *empresas privadas, sujetas a contratos, impuestos, regulaciones y responsabilidades legales. Por lo tanto, la idea de que “Trump se quedaría con el petróleo venezolano” carece de sustento jurídico básico. Lo que existe es la posibilidad de que empresas privadas inviertan capital, tecnología y know how en un país cuya industria petrolera se encuentra hoy devastada.

Estas inversiones, como ha ocurrido históricamente, *no operan sin reglas ni sin contraprestaciones. Las empresas que eventualmente regresen a Venezuela deberán hacerlo mediante contratos especiales de exploración y explotación ¬ -CEOPS- en los que se establece con claridad que el petróleo sigue siendo del Estado venezolano, y que el inversionista privado recibe un porcentaje de la producción como remuneración por su inversión y riesgo. No se trata de una novedad: durante años, empresas como Chevron participaron en empresas mixtas con PDVSA con porcentajes que rondaban el 30% a 40% de participación, pagando además impuestos, regalías y generando miles de empleos directos e indirectos. En Chile, un claro ejemplo son los CEOPS suscritos a lo largo de la vigencia de la Constitución Política de 1980.

Este punto es clave y suele omitirse deliberadamente en el debate público. La inversión privada no sólo no empobrece al país receptor, sino que lo fortalece. Genera empleo calificado, aporta ingresos fiscales permanentes y permite la transferencia de tecnología y estándares operativos que hoy Venezuela simplemente no posee. Tras años de expropiaciones, purgas técnicas y emigración forzada de profesionales, el país carece del capital humano suficiente para operar, por sí solo, el número de pozos que alguna vez tuvo en producción. Pensar lo contrario es desconocer la realidad material de la industria petrolera moderna.

Pero hay un aspecto aún más relevante -y profundamente político- en la propuesta de Trump: las empresas norteamericanas no invertirán sin un estatuto robusto de protección al inversionista. Y aquí se encuentra el verdadero nudo del asunto. Dicho estatuto implica, necesariamente, respeto a la propiedad privada, estabilidad normativa, cumplimiento de los contratos y acceso a mecanismos de resolución de controversias independientes. En otras palabras, exige Estado de derecho.

No existe inversión petrolera seria sin seguridad jurídica. Nadie compromete miles de millones de dólares en proyectos de largo plazo si las reglas pueden cambiar por decreto, si la expropiación es una amenaza latente o si el poder político se sitúa por sobre la ley. Por ello, resulta sencillamente absurdo pensar que una dictadura arbitraria pueda ofrecer, de manera creíble y sostenida, garantías reales al inversionista extranjero. El capital no cree en discursos; cree en instituciones.

Aquí emerge una verdad incómoda para ciertos sectores: el respeto a la propiedad privada no es un privilegio neoliberal, sino una condición estructural de la democracia. Allí donde se protege la propiedad, se respetan los contratos y se limitan los poderes discrecionales del Estado, existe un orden institucional basado en reglas generales y no en la voluntad de quien gobierna. Un estatuto serio de protección al inversionista obliga, por definición, a someter al poder político a la ley. Y eso es, precisamente, el corazón de un régimen democrático.

Desde esta perspectiva, la propuesta de Trump no sólo apunta a reactivar la industria petrolera venezolana, sino que introduce un incentivo externo poderoso para la reconstrucción institucional del país. Si Venezuela quiere atraer inversión, deberá ofrecer garantías. Si ofrece garantías, deberá respetar la propiedad privada. Y si respeta la propiedad privada y los contratos, deberá avanzar -aunque sea por necesidad económica- hacia un sistema jurídico más predecible, más transparente y menos autoritario.

En definitiva, lejos de ser un proyecto de expoliación, la iniciativa de atraer inversión petrolera privada a Venezuela *puede convertirse en una palanca de normalización económica y democrática*. La alternativa —persistir en un monopolio estatal ineficiente, sin capital, sin tecnología y sin credibilidad jurídica— ya ha demostrado su fracaso. A veces, el camino hacia la democracia no comienza con consignas, sino con reglas claras, contratos respetados y propiedad protegida. Y eso, precisamente, es lo que hoy están exigiendo los inversionistas.

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

LL.M California Western School of Law, USA

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