Nacionalizar o no nacionalizar...

A mediados del siglo pasado dominaba el proteccionismo industrial y la teoría de la industria naciente. El proteccionismo se fundaba en la idea de proteger a la industria nacional, especialmente en un mundo en que la competencia entre países se veía como una amenaza. La industria naciente se concebía como aquella que debía protegerse durante un período razonable de tiempo, por la vía de altos aranceles sobre las importaciones de similar producto. Se entendía que dicha protección también requeriría la participación activa del Estado en la producción, el cual debería proteger a la industria a través de costos subsidiados en las distintas etapas del proceso productivo. Por supuesto se trataba, en el marco de esta teoría, de una “industria naciente”: la misma debería madurar y crecer al cabo de lo cual debería desprenderse de la protección así otorgada para abrirse al mercado. Así se concebía la existencia de un área estatal de producción, la cual dominó el desarrollo económico chileno en las décadas del 40 y 50, respaldada por la creación de la CORFO en el gobierno de Aguirre Cerda. Sin embargo, es necesario decir que la protección de la industria debió continuar en el tiempo, puesto que las mejoras necesarias para una subsistencia exitosa nunca fueron posible en manos del Estado. Había una tendencia a la administración “por costumbre” antes que mirando la perspectiva de competencia, y las empresas públicas pasaban a ser parte de un “botín” político antes que instrumentos de desarrollo económico propiciado por el Estado. Obviamente siempre habrá discusión sobre aquellas empresas que producen “bienes públicos” o que son necesariamente de carácter monopólico. Sobre esto, y la eventual participación del Estado habrá permanente debate, sin dejar de lado la necesidad de un manejo eficiente de recursos que son en realidad de la ciudadanía toda.

A estas alturas de la historia, dominada por un creciente comercio internacional y abierta competencia en los mercados, la ingerencia del Estado como productor sólo se puede entender en el marco de una acción política. Cuando se habla de nacionalizar, como aparentemente aún se sostiene por parte de algunos sectores, se está hablando en realidad de expropiar propiedad privada para ser transferida al Estado. No hay una justificación plena para ello, en primer lugar, si se trata de mercados que funcionan competitivamente, como es el caso de los minerales. Tampoco puede ser una justificación el pensar objetivamente, que existe ineficiencia en la producción y que la actividad podría ser mucho mejor administrada por el Estado. En realidad, una propuesta de este tipo se entiende sólo como una posible ampliación del “botín” político y un aumento del control estatal que poco garantiza en términos de resultados productivos. Nacionalizar no lleva a ningún resultado positivo en materia de productividad Cosa distinta es, por supuesto, que el Estado regule la actividad con el fin de corregir distorsiones y castigue, de esa forma, la inadecuada gestión en manos privadas.

Es fácil argumentar sobre la base de la ficción que el Estado puede administrar mejor. Pero la evidencia es contundente en el sentido de que el Estado no es necesariamente el gestor más eficiente de los recursos productivos, y es por eso que hoy dominan modelos privados con regulación. El reciente episodio que protagonizó una postulante a la Presidencia, en orden a que no declaró el concepto de nacionalización que sí había puesto por escrito el conjunto de partidos que la apoyan, revela que es un tema que pocos se atreven a tocar con simplismo.

Prof. Luis A. Riveros

Universidad Central