Me resulta difícil dejar de referirme al tema de las contribuciones, ya que cada semana surgen nuevas situaciones que me obligan a reflexionar sobre la ineficiencia de este tipo de tributo.
Intento hacer el ejercicio de ponderar sus ventajas y desventajas, pero la balanza siempre se inclina hacia los perjuicios que genera.
Su clasificación es deficiente: se trata de un tributo patrimonial que grava la mera tenencia de un bien, aplicando el concepto de “patrimonio bruto”, sin considerar los pasivos que permitieron su financiamiento.
Su determinación está completamente disociada de la capacidad de pago del contribuyente. El monto exigido no guarda relación con los recursos disponibles para cumplir con esta obligación, ni permite exenciones en casos donde dichos recursos no existen o están destinados a necesidades básicas como salud, educación o subsistencia.
La penalización que implica su no pago resulta profundamente injusta. Si el contribuyente no puede pagar, el Estado está facultado para rematar el bien. Y si este bien corresponde a la vivienda principal, el afectado puede quedar literalmente en la calle.
Además, la forma en que se determina la base imponible carece de transparencia. Esta crítica fue reconocida por el propio Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien admitió públicamente que se consideran factores completamente ajenos al contribuyente, dejándolo a merced de elementos muchas veces contrarios a su realidad económica y financiera. Esta situación se hizo tan evidente que la autoridad fiscal anunció que en la próxima tasación de locales comerciales del Centro de Santiago se considerará una rebaja, debido a los efectos colaterales de las manifestaciones sociales iniciadas en 2019, así como al aumento de la inseguridad en esa zona.
También se evidencia una aplicación inequitativa de este tributo. A pesar de la sensibilidad mostrada en ciertos sectores, la autoridad no ha actuado con el mismo criterio en otras regiones afectadas. Un ejemplo claro es el Sur de Chile: en comunas como Collipulli y Victoria, duramente golpeadas por la violencia, el SII ha incrementado en un 100% el valor de las contribuciones. Esta decisión parece absurda, considerando que muchos de estos contribuyentes no solo han visto interrumpida la explotación de sus predios, sino que además han sufrido la quema de instalaciones. A pesar de ello, ahora deben pagar el doble de lo que ya venían pagando por este impuesto en años anteriores.
Solo los alcaldes parecen defender las contribuciones, pues, a pesar de todas sus deficiencias, los municipios reciben un flujo importante de recursos gracias al cumplimiento de los contribuyentes. Por ello, se oponen a cualquier rebaja o eliminación, priorizando la protección de sus presupuestos sin considerar los múltiples problemas sociales y económicos que este sistema provoca.
Esta postura resulta paradójica: se enfocan únicamente en sus ingresos, sin reflexionar sobre las consecuencias negativas de esta forma de recaudación.
Considero que los esfuerzos del Estado deben enfocarse en diseñar programas y estrategias que permitan compensar los ingresos municipales sin continuar exprimiendo a los contribuyentes ni arriesgar la pérdida de sus bienes.
En mi opinión, si no se solucionan los graves problemas asociados a las contribuciones, tarde o temprano se generará una crisis financiera en los municipios. La pobreza aumentará al rematar propiedades de personas que ya viven en precarias situaciones, lo que agravará las necesidades sociales que, incluso hoy, las municipalidades no están en condiciones de atender.
Espero que los candidatos presidenciales aborden pronto este tema con propuestas claras, y que las actuales autoridades adopten medidas urgentes.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago