Votar y trabajar sí es posible: gremios del comercio formal llaman a modernizar normativa que obliga cierre en elecciones

Los centros comerciales de diferentes formatos, cumplen un rol clave en el ecosistema económico chileno: concentran comercio, servicios, empleo y espacios de encuentro. Sin embargo, cada jornada electoral se enfrentan a una norma que obliga su cierre si están administrados bajo una misma razón social (malls, stripcenters, outlets, galerías, mercados, entre otros), lo que genera importantes pérdidas para grandes, medianas y pequeñas empresas; sus trabajadores, y afecta a los consumidores de todo el país. Datos del Banco Central dan cuenta que el último domingo de cierre eleccionario se reflejó una baja en torno al 48% en las ventas minoristas en comparación con las ventas de un domingo promedio, confirmando el perjuicio que significa para el sector.

Con el objetivo de dimensionar este impacto, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en conjunto con la Asociación Gremial Marcas del Retail y la Cámara de Centros Comerciales, realizaron una encuesta que abarcó a 1.113 locales y 12.504 trabajadores del rubro, excluyendo tiendas por departamento.

Entre los resultados más relevantes, el estudio muestra que el 75 % de las ventas de los encuestados proviene de locales ubicados en centros administrados bajo una misma razón social, cifra que asciende al 85 % en el caso de las pymes. Además, el 97 % declaró haber cerrado sus locales durante elecciones pasadas, afectando directamente al 81 % de los establecimientos.

Para Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail, estos datos no hacen más que confirmar una realidad que ya es evidente: “Esta es una normativa anacrónica, que termina castigando al sector más regulado del país. Votar y trabajar no son actividades incompatibles. Hoy existen mecanismos que permiten asegurar ambos derechos, sin perjudicar a miles de trabajadores ni a las pequeñas empresas que dependen de esos días para sostener su operación”, afirmó.

La encuesta también revela que un 74 % de los encuestados calificó como “alto” el impacto económico del cierre en la última elección. En términos mensuales, un 53 % reportó caídas de entre 5 % y 10 % en sus ventas, con una baja promedio sectorial del 9,7 % frente a un mes sin restricciones.

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, remarca que el país ya no está en el mismo escenario que motivó la ley en 2004. “Hoy el voto es obligatorio, la inscripción es automática y la ciudadanía ha demostrado responsabilidad. No tiene sentido mantener una medida que afecta el dinamismo económico del país y que no tiene impacto comprobado en la participación electoral”, señaló.

Más allá de las cifras, el estudio también indagó en posibles caminos para compatibilizar el derecho a voto con la actividad comercial. El resultado fue categórico: el 91 % del sector cree que es posible hacerlo, y propone alternativas como la apertura parcial con turnos (63 %) o mantener los locales abiertos con un plan de votación para los trabajadores (54 %).

Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, destacó que la normativa resulta discriminatoria porque no aplica para un local de calle, pero sí para uno emplazado dentro de un centro comercial. “Desde el 2020 a la fecha, en Chile se han realizado once procesos electorales y el año pasado, cuando se permitió el funcionamiento normal del comercio el sábado, la mayoría de los votos (55%) fue emitida ese día”. Agregó que la restricción al funcionamiento afecta especialmente a las pymes que constituyen más del 80% de los 300 centros comerciales existentes de Arica a Punta Arenas, lo que afecta al comercio y las comunidades, porque limita su acceso a bienes, servicios y empleo.

Desde los gremios, el llamado es avanzar hacia una legislación moderna, tal como se derogó la ley seca, tal como funciona en la mayoría de las democracias modernas, es posible proteger el comercio formal, permitiendo el ejercicio del deber cívico sin paralizar una parte fundamental de la economía nacional. “Tenemos el deber de proteger el voto, pero también el trabajo y los consumidores”, coinciden.