Explicación necesaria
Las empresas públicas pertenecen a todos los chilenos, y su gestión debiera ser preocupación central de una administración de gobierno, a la vez que una muestra de ciudadanía responsable por parte de los gestores. Así lo expresó alguna vez el presidente Aguirre Cerda, bajo cuyo gobierno se dio nacimiento a un esfuerzo nacional por sacar adelante las nuevas empresas del estado nacidas al alero de CORFO. Y efectivamente, en tiempos muy difíciles y contrariando muchas voluntades diversas, las empresas del estado nacieron con el objetivo de brindar un desarrollo de la nación basado en una industria que debía potenciarse. Tras las ideas y el empuje de don Pedro y la compañía de personas como Roberto Wachholz, se empujó un proyecto que tenía por fin, en la línea de la economía del desarrollo de la época, que tales empresas fueran llevadas al sector privado para dar lugar a nuevas iniciativas públicas. Era una visión de estado, propia de la época, en que el estado debía apoyar a la industria naciente. Y eso requería un empeño fundamental en cuidar el gasto y la capitalización de dichas empresas, para que no fueron fuente de dilapidación de recursos, sino de producción de ganancias que permitieran capitalizar al Estado para promover nuevas iniciativas o fortalecer las existentes.
Bueno recordar este esfuerzo nacional que permitió, años más tarde, que Chile contara con un desarrollo de base industrial en áreas como siderurgia, transporte aéreo, telecomunicaciones, energía, etc. Es propicio recordarlo hoy, cuando la situación de muchas empresas públicas es de reconocida debilidad financiera y funcionan en un mundo de mucha competencia. A menudo se mencionan las pérdidas de varias de ellas, que no hacen sentido con la necesidad de que sus utilidades vayan a reforzar el presupuesto fiscal, especialmente en tiempos de inestabilidad financiera y de un necesario aporte del sector público para financiar la inversión nacional. Al contario, se destacan hechos que son muy negativos y que van en contra no sólo de la inestabilidad financiera de las empresas sino también de las cuentas públicas y del país.
El caso de Televisión Nacional salta de inmediato al tapete. Se ha declarado su inviabilidad por razones financieras, hecho que no puede dejar de lado la importancia estratégica del medio para el Estado chileno. Se ha establecido que el año 2021 la empresa tuvo un superávit de aproximadamente $8.100 millones, mientras que el año 2024 presenta un déficit de $18.500 millones. Se trata de una diferencia enorme entre dos años que no representan un giro en el negocio, ni en el despegue de nuevas programaciones o iniciativa de TVN; al menos, no parece ser el caso que los televidentes hayan podido observar una diferencia en la programación que explique ese enorme salto en el costo de la operación. Pero, además, también se ha dicho que la deuda que TVN tenía el año 2021 era equivalente a $21.000 millones, y que el año 2024 la misma se había triplicado($67.000 millones, aproximadamente). O sea, no solo ha habido un desembolso mayor expresado en déficit de operación, sino también adicionalmente se habría contraído compromisos financieros que disparan el problema hacia el futuro en la forma de una deuda que se habría triplicado.
Nada puede explicar de manera contundente esta situación que, con razón, ha llevado a afirmar que la empresa debe cerrar, pues se encontraría derechamente en quiebra. Aquí obviamente hay responsabilidad de los ejecutivos y del directorio de la empresa, que deben explicar al país la situación vigente y el desarrollo del problema en los últimos años con las propuestas que se esgrimen para poder enfrentarla. Es grave que por errores en la gestión el país deba prescindir de un medio de comunicación de importancia estratégica.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
