La propuesta de instaurar la negociación colectiva ramal en Chile, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha generado un intenso debate en el ámbito laboral y empresarial. Si bien la intención de fortalecer los derechos laborales es legítima, es fundamental analizar las implicancias de esta medida desde una perspectiva técnica y realista.
Es evidente el impacto en las PYMES y, a la vez, un desajuste costoso. Según un estudio del Panel Laboral de la Universidad Andrés Bello, un 96 % de los expertos consultados proyecta efectos negativos en las empresas de menor tamaño, destacando la disminución de la autonomía empresarial y la flexibilidad para adaptarse a cambios en el entorno económico.
Estas empresas, caracterizadas por su limitada capacidad financiera y operativa. Los estándares salariales y laborales que podrían establecerse a nivel sectorial. La imposición de condiciones homogéneas sin considerar las realidades particulares de cada empresa podría llevar a un aumento en los costos laborales, afectando su competitividad y, en última instancia, su viabilidad.
Por ende, existe un riesgo evidente de destrucción de empleo y concentración empresarial. La implementación de una negociación ramal obligatoria podría generar una “mochila” económica insostenible para las PYMES, que ya enfrentan desafíos significativos debido a cambios legislativos recientes, como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Según la Multigremial Nacional, esta medida podría resultar en la destrucción de puestos de trabajo en pequeñas empresas, ya que no podrían competir con las condiciones salariales de las grandes compañías.
Además, la estandarización de condiciones laborales podría favorecer a las empresas de mayor tamaño, que cuentan con mayores recursos para adaptarse a las nuevas normativas, mientras que las PYMES quedarían en desventaja, exacerbando la concentración empresarial y reduciendo la diversidad del tejido productivo nacional.
Hay, entonces, en esta propuesta un desajuste con la realidad productiva nacional. Chile presenta una alta heterogeneidad en términos de productividad laboral y salarial, dependiendo del tamaño de las empresas. Las grandes empresas, por lo general, son más productivas y pueden ofrecer mejores salarios y beneficios. Imponer condiciones laborales uniformes a nivel sectorial sin considerar estas diferencias podría generar distorsiones en el mercado laboral, afectando la libre competencia y la eficiencia económica.
¿Hay alternativas viables? Claro. Flexibilidad y diálogo real. En lugar de avanzar hacia una negociación colectiva ramal obligatoria, es recomendable fortalecer los mecanismos de negociación colectiva a nivel de empresa, promoviendo el diálogo directo entre empleadores y trabajadores. Además, se deben implementar políticas públicas que fomenten la capacitación y el desarrollo de las PYMES, mejorando su productividad y competitividad en el mercado.
Es esencial que cualquier reforma laboral considere las particularidades del contexto chileno y busque un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad del empleo y la competitividad empresarial.
Cristián Aguayo