La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó recientemente una cifra que debería hacernos reflexionar: cerca de un millón de personas en Chile destina más del 50% de su ingreso mensual al pago de deudas. A esto se suma que el 85% de las obligaciones financieras están ligadas a créditos de consumo. Si la sobrecarga financiera ya es estructural, cabe preguntarse cuánto de ese endeudamiento podría reducirse si los consumidores conocieran y ejercieran plenamente sus derechos.
Un punto ciego está en los seguros asociados a créditos, como el de desgravamen o cesantía. A menudo se contratan de manera automática, sin que las personas sepan que son opcionales y que pueden reemplazarse por alternativas más económicas. Esto genera un doble problema: limita la competencia y debilita la capacidad de decisión del consumidor.
Hoy la ley reconoce expresamente la portabilidad de seguros asociados a créditos, incluso con derecho a la devolución proporcional de la prima no consumida. Es una herramienta sencilla, regulada y vigente. Pero la pregunta es: ¿Por qué tan pocas personas la conocen? ¿Y por qué las instituciones no la promueven activamente?
El derecho existe, pero no basta con estar en la norma. Su falta de difusión impide que miles de personas accedan a un alivio financiero legítimo, como ocurre en otros mercados más desarrollados donde el empoderamiento del consumidor comienza por garantizarle el acceso claro a toda la información disponible.
Fortalecer la educación financiera no se trata solo de enseñar a gastar menos. También implica comprender qué productos se están contratando, entender que se pueden escoger libremente y cómo se ejercen estos derechos básicos de cambiar o cancelar un seguro asociado.
Portar un seguro, reemplazándolo por uno más barato y exigir la devolución de lo pagado no es un favor. Es un derecho. Y su promoción activa es una oportunidad para construir un mercado más competitivo, informado y justo.
Carlos Gajardo, ex fiscal y abogado asesor de Grupo Insurex