Inclusión laboral: Un camino largo por recorrer
La participación en el mundo laboral es un derecho fundamental para el desarrollo personal y social de todo individuo. Sin embargo, para las personas con discapacidad, este derecho ha sido históricamente esquivo. La realidad estadística es contundente: según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022, 2.703.893 adultos(as) en el país viven con algún tipo de discapacidad, enfrentando barreras significativas para integrarse al mercado laboral.
La Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral, promulgada en 2017, representó un primer paso importante para fomentar la igualdad de oportunidades. La normativa establece que empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores(as) deben destinar el 1% de sus plazas a personas con discapacidad. No obstante, los resultados están lejos de ser satisfactorios. A mayo de 2023, solo 55.526 personas con discapacidad mantenían un contrato laboral, lo que significa una dramática tasa de desempleo formal del 94%, muy por encima del 8,9% de desocupación general.
La brecha educativa emerge como uno de los obstáculos más críticos. Más de la mitad de las personas con discapacidad no ha completado la enseñanza media, generando un profundo desajuste entre las competencias requeridas por el mercado laboral y las oportunidades educativas disponibles. A esta limitación se suman barreras estructurales y culturales que dificultan una inclusión genuina: adaptaciones insuficientes en los lugares de trabajo, oportunidades limitadas de capacitación y una sensibilización organizacional deficiente.
La reciente modificación legal, que aumenta la cuota de contratación al 2% para empresas grandes, representa un avance tímido pero necesario. Sin embargo, la transformación requiere ir más allá del cumplimiento burocrático. Es fundamental desarrollar una estrategia integral que aborde las causas profundas de la exclusión, invirtiendo en programas educativos adaptados, implementando políticas de igualdad de género y fomentando una cultura organizacional verdaderamente inclusiva.
El desafío no es solo legal, sino cultural. Las empresas deben comprender que la diversidad no es una obligación, sino una oportunidad de enriquecer los equipos, fomentar la innovación y construir una sociedad más justa. La inclusión laboral de personas con discapacidad no es un favor, es un derecho que requiere un compromiso decidido de todos los actores sociales.
Chile cuenta con una normativa avanzada, pero el camino hacia la inclusión plena está apenas comenzando. Gobierno, empresas y sociedad civil tienen la responsabilidad de transformar las promesas legales en realidades concretas. Solo mediante un esfuerzo sostenido y coordinado podremos construir un mercado laboral donde la discapacidad no sea una limitante, sino una dimensión más de la rica diversidad humana.
Álvaro Aguilar
Presidente Consejo Asesor
Fundación Ronda
