Quiero continuar con mis comentarios de lo que se nos avecina en materia de reformas tributarias, porque ha trascendido que terminada la tramitación de la Ley de Presupuesto, el ministro de Hacienda realizará una serie de “diálogos” con parlamentarios, representantes de organizaciones gremiales y colegios profesionales (parece que dejarán fuera a las universidades…) para realizar el trabajo “prelegislativo” por los cambios que se efectuarán a la Ley sobre Impuestos a la Renta, continuando con los lineamientos del “pacto fiscal” que permitió, además, dar nacimiento a la Ley de Cumplimiento Tributario que ya está en vigencia.
Si bien ese ejercicio era esperable, resultan preocupante las presiones que está teniendo la autoridad de hacienda del Frente Amplio y del Partido Comunista, colectividades que han manifestado su deseo que incrementar la recaudación fiscal, argumentando que el Presupuesto 2025 tiene una estrechez en las finanzas públicas que hace peligrar el cumplimiento de los objetivos sociales del gobierno.
Esto preocupa porque se politiza una discusión técnica que está enmarcada por el acuerdo que permitió dar nacimiento a la mencionada Ley de Cumplimiento Tributario, el cual establecía que no habría mayores alzas de impuestos. Sin embargo, ha trascendido que habría un incremento “neto” en la carga total que afecta a todos los contribuyentes.
Si la estrategia será una modificación “neta” en la carga tributaria, ¿cuál sería el objetivo que se busca, entonces?
Resulta inquietante porque se anunció una rebaja en la tasa del Impuesto a la Renta que afecta a las empresas de 27% a 23%, pero se creará un impuesto que afectará el reparto de dividendos. Así también, se ha indicado que no se eliminará el sistema semintegrado que actualmente está vigente.
Llaman la atención estos anuncios porque evidencia una ambigüedad en sus objetivos, pues toda reforma tributaria debe estar encaminada a incrementar la recaudación o a incentivar el crecimiento y el desarrollo de la economía, siendo en la práctica, dos objetivos diferentes y no complementarios.
Así lo ha demostrado la historia, pues las modificaciones “compensadas” fueron famosas con el ex ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre quien, con si talante deslenguado, quería “cuadrar el círculo” al aumentar la tributación de las empresas, pero bajando la carga de las personas. Tanto en esa oportunidad, como en otras, no se lograron los objetivos de mejorar el financiamiento de las necesidades sociales.
No veo argumentos sólidos para bajar la tasa corporativa a 23%, salvo que se quiere asimilar al promedio de las tasas de los países de la OCDE, parámetro errado, pues en todos esos países se aplican sistemas tributarios con diversas naturalezas y sistemas. Debemos ajustar nuestra tasa aun porcentaje que garantice la eficiencia y competitividad que necesitamos.
Por otro lado, como en reiteradas ocasiones he afirmado, es más sano incrementar la recaudación fiscal a través del crecimiento económico que por medio de elevar las tasas impositivas, máxime si hoy en día los inversionistas están reticentes de invertir, de acuerdo con lo trascendido en el “Encuentro por Chile”; y la competitividad fiscal de nuestro país ha bajado considerablemente, de acuerdo con el último informe de la OCDE.
Con ese escenario, no resulta técnicamente adecuado discutir una reforma que tenga en su horizonte el incremento de las arcas fiscales, y no considere potentes medidas pro crecimiento que potencien nuestra economía para hacerla atractiva para nuevos proyectos que terminará beneficiando a toda la población.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago