Ministerio de Seguridad Pública: ¿Un gasto fiscal necesario?
Chile enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con un alarmante aumento de la criminalidad. En respuesta, como una de las medidas, se ha propuesto agilizar la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una disposición que, aunque costosa, podría ser determinante en el contexto actual.
El proyecto de ley, que propone separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, distinguiendo el rol de un nuevo Ministro de Seguridad Pública distinto del Ministro del Interior, presentado en 2021, y cuya tramitación actualmente se encuentra en Comisión Mixta, inicialmente previó un gasto fiscal de $640 millones en el primer año, con un costo total de $5.253 millones en cuatro años. Sin embargo, después de la indicación sustitutiva ingresada en agosto de 2022, se consideró un mayor gasto para el primer año de $2.181 millones, a disponerse en personal, bienes y servicios de consumo, y adquisición de activos no financieros (bienes inmuebles, patentes y licencias de uso). Esto implicaba que, en régimen, se aplicara un gasto mayor total de $5.576 millones en 2 años. Se considera un mayor gasto para el primer año, ya que la instalación de los entonces Seremi de Seguridad Pública se redujo de 3 años a 1 año para una implementación más ágil, de manera de poner en marcha en el menor plazo posible el despliegue territorial del nuevo Ministerio, sin progresividad ni escalonamiento entre regiones, justificado en la dificultad de elegir en cuáles regiones comenzaría la ejecución, dada la prioridad de la seguridad en el país.
Si bien la indicación presidencial ingresada en junio de 2023 contempló un segundo informe financiero complementario, que certifica que la nueva figura regional de los Comisionados de Seguridad Pública, que reemplazan a los originales Seremi de Seguridad Pública, este no irroga un mayor gasto fiscal, considerando los datos de los dos informes financieros precedentes. De esta misma manera, los grupos de indicaciones de octubre de 2023 y diciembre de 2023, tampoco significaron un mayor gasto fiscal.
Sin embargo, con motivo de la presentación de un grupo de indicaciones que buscaban consagrar la expresión regional del Ministerio en Secretarías Regionales Ministeriales y éstas, a su vez, en Departamentos Provinciales de Seguridad, se presentó un nuevo informe financiero (IF N°92/2024) que contempla un gasto por $723.746.000, los cuales corresponden a la contratación de 11 directores provinciales.
Por tanto, la viabilidad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública a largo plazo dependerá de una gestión eficiente de los recursos y de la capacidad del nuevo Ministerio de adaptación frente a las exigencias que presenta nuestro país en materia de seguridad. Si de aprobarse, los primeros indicadores muestran mejoras en seguridad, el presupuesto del Ministerio podría justificarse.
La creación de la repartición del Estado representa una inversión significativa, pero al mismo tiempo necesaria frente a la crisis actual de seguridad. El desafío es asegurar que este gasto sea eficiente y sostenible, proporcionando resultados tangibles que mejoren la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, es de esperar que la prioridad debe ser un enfoque basado en resultados, con planificación y mecanismos de control adecuados. Solo así, esta medida de alto impacto social podrá justificar su uso de recursos fiscales y generar un cambio positivo en la seguridad pública del país.
Francisco Avello
Socio Director
Acierta Consultores
