Francisco Avello

En mayo pasado, el Gobierno ha ingresado un proyecto de ley cuyo objetivo es prevenir conflictos de interés entre los sectores público y privado (Boletín N° 16890-06). Dicha iniciativa legislativa surge dentro del contexto de un diagnóstico sobre los desafíos de integridad en Chile, donde se ha detectado un clima de deterioro de la confianza en las instituciones debido al uso indebido de recursos estatales.

La creación de la repartición del Estado representa una inversión significativa, pero al mismo tiempo necesaria frente a la crisis actual de seguridad. El desafío es asegurar que este gasto sea eficiente y sostenible, proporcionando resultados tangibles que mejoren la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.

El complejo escenario actual de la regulación de protección de datos e información crediticia, establece la importancia de tener claridad sobre los desafíos y consideraciones críticas, que rodean el acceso a los datos financieros.