La semana pasada pudimos apreciar cómo el Senado daba luz verde a la discusión en sala para el próximo martes 24 de septiembre, del proyecto de Cumplimiento Tributario, iniciativa legal muy importante para el Gobierno porque está dentro de los proyectos que forman parte del Pacto Fiscal que tanto empeño ha puesto el ministro de Hacienda.
Vimos como los senadores de distintas posiciones políticas se felicitaban por el “acuerdo” logrado y el avance obtenido que despertó el entusiasmo de la autoridad económica, quien señaló que el proyecto debe ser aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados “idealmente antes de fin de mes”, pues ya se han considerado los US$ 1.200 millones que debería recaudar este proyecto en 2024, en el presupuesto de la Nación del próximo año.
Mucha preocupación me causó esta noticia, porque demuestra la fragilidad de las proyecciones de ingresos con las cuales trabaja el gobierno.
En primer lugar, resulta preocupante que se incorporen en el presupuesto del próximo año recursos que son técnicamente difícil de obtener.
Debemos considerar que el proyecto de Cumplimiento tributario no es una iniciativa potente en el incremento en la recaudación, porque pretende corregir aspectos de administración y gestión tributaria.
Las medidas que pretenden obtener el 0,59% del PIB en este año provienen de disposiciones relacionadas con grupos empresariales, representando el 0,18% del PIB (US$ 366.101.694); sobre la brecha en IVA y comercio informal, 0,07% (US$ 141.652.614); altos patrimonios, 0,09% (US$ 182.124.789); tributación internacional, 0,01% (US$ 20.236.088); multijurisdicción, 0,22% (US$ 46.543.002) y medidas transitorias, 0,22% (US$ 445.193.929). Como podemos apreciar, la mayor recaudación vendrá de medidas que afectan al cumplimiento tributario de grandes empresas y un conjunto variopinto de disposiciones “transitorias”, es decir, no serán constante en el tiempo.
Mis dudas y, por qué no decirlo, temores, están en el hecho de que todas esas disposiciones son de largo aliento y es posible que los contribuyentes ejerzan acciones de arbitraje para evitar eventuales efectos financieros de estas medidas, aspecto que no visualizo en el informe financiero que acompaña al proyecto. En el mismo sentido, su aplicación generará beneficios en varios meses y años, de esta manera, pensar que, en el año 2024, en dos meses, se pueda obtener tal incremento de recaudación, es pecar de exceso de optimismo.
Otro elemento está en la eficiencia de las normas, en el sentido de qué tanta recaudación puede generar la aplicación de mayores controles a los altos patrimonios o grupos empresariales que podrían afectar la rentabilidad de los proyectos de inversión.
Así también, resulta curiosa la proyección de ingresos producto de la brecha del IVA y el comercio informal.
Una disposición respecto al IVA es la eliminación de la exención por las importaciones menores a US$ 41. De acuerdo con lo señalado en la autocomplaciente sesión del Senado de la semana pasada, se minimizó el efecto de esta eliminación señalando que no afectará a las empresas que importan, pues solo afecta a las personas naturales. Si bien esto es muy cierto y totalmente correcto, me pregunto ¿qué pasará con aquellas personas naturales que quieren comenzar un emprendimiento? ¿no será esta disposición una rémora para aquellos?
Me parece preocupante el discurso de la autoridad de justificar las medidas tributarias en los eventuales incrementos en la recaudación que han estimado y presentarlas como argumentos para presionar su aprobación, pues de no lograr los loables destinos de los fondos recaudados, generará una desilusión en la población de la cual ya hemos sufridos sus consecuencias.
Prof. Germán R. Pinto Perry,
Director Programas de Especialización Tributaria,
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC,
Universidad de Santiago