¿Libertad para quién?
¿Para qué nos sirve la libertad si hemos de vivir encerrados? Esa es la afirmación que postuló un estudiante con respecto a la posibilidad de aplicar más restricciones frente a la delincuencia que nos afecta en todas partes. En efecto, la introducción de mayores controles a la circulación de vehículos o a quienes transitan por las calles se lee, por parte de algunos, como una restricción de la natural libertad de que debe gozar la ciudadanía. Pero esto es en condiciones normales, porque las vigentes ponen de relieve los riesgos enormes de circular por calles, parques y plazas, que son dominio de delincuentes que amenazan la propiedad y la vida de las personas. Las “sensaciones” que una autoridad de gobierno consideró como fuente de una manifiesta preocupación ciudadana, tiene por compleja contrapartida la ocurrencia de hechos delictuales a diario y contra una población que se mantiene indefensa.
La autoridad ha estado en lo correcto al incrementar el equipamiento con que cuentan las policías para llevar a cabo su tarea, principalmente disuasiva pero también de control activo del delito. No cabe duda que el contar con vehículos apropiados, mayor dotación de armamento y de equipos humanos, junto a un adecuado desarrollo tecnológico dirigido a controlar y perseguir el delito, constituyen factores esenciales en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Pero sin ninguna duda, nada de eso tendrá efectividad en materia de disminución del delito, si no se acompaña por un aumento en las atribuciones operativas para reprimir al delito. Una policía con un buen equipamiento y capaz de perseguir severamente a los delincuentes, pero que no cuente con adecuadas atribuciones en lo operativo, no podrá cambiar significativamente el resultado que hasta ahora observamos. Otra cosa es que exista cierta desconfianza hacia los cuerpos policiales los cuales podrían operar, según piensan algunos, produciendo resultados contraproducentes en materia de derechos humanos. Pero aquí está la cuestión más crucial para quienes están a cargo de materias de seguridad en un gobierno: saber equilibrar la persecución efectiva del delito con un uso adecuado de la fuerza. Lo primordial, sin embargo, al definirse el tipo de acción policial que se requiere, debería ser la protección del ciudadano indefenso, víctima actual o potencial del crimen a toda escala.
El país ya no soporta más la situación que se vive. El crimen ha llevado a que el ciudadano pierda libertades puesto que la amenaza potencial del delito le obliga a reprimirse en actividades otrora normales: como pasear por el barrio, disfrutar de un tiempo en una plaza o parque, conducir de noche, ir a una obra de teatro o acto cultural en algún lugar de la ciudad que demanda transporte y cierta lejanía del hogar. Portonazos, asaltos, robos, “turbazos” y otra serie de delitos son perpetrados a diario contra una ciudadanía indefensa que arriesga no sólo sus posesiones materiales, sino su integridad física e incluso su vida, producto de las acciones delictuales.
Pero adicionalmente a todos esto, la angustia que siente el ciudadano medio frente a la amenaza que a diario vive, se complementa con otros dos desarrollos. En primer lugar, un poder judicial que no se observa estableciendo penas acordes a la necesidad de controlar efectivamente al delito, y de establecer penas efectivas de significancia. En segundo lugar, la desconexión de la política y sus artífices con los problema,as vinculados a la inseguridad ciudadana, con discusiones y propuestas que están muy lejanas de las necesidades de la gente. No se discute nada sobre el sistema carcelario de debe mejorarse y dotarse debidamente, y tampoco respecto a la manera de controlar la inmigración ilegal, que es fuente evidente de la actividad delictual en el país.
Al final, queda la triste impresión que libertad es sólo para el delito, mientras que la ciudadanía vive reprimida en medio de grandes temores y amenazas.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
