La CEPAL define gobernanza como “la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación donde coexisten reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales (ciudadanía y sus distintos mecanismos de organización temporal y/o espontáneo). La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes, así como al sistema como totalidad”
No es una definición fácil y, como dice un amigo, “definición amplia y que sirve para todo”. En mi opinión, es permitir que el ejercicio del poder en las organizaciones, se realice de la forma más transparente y participativa posible. Transparente, para evitar abusos; y participativa, considerando el aporte y opinión de todos los actores que interactúan en una organización, ya sean directivos, gerentes, trabajadores, clientes o la comunidad.
Esto se materializa en políticas de rendición de cuentas, consejos y controles. Esto, según entiendo, es lo que se desea se aplique en el Servicio de Impuestos Internos (SII), concibiendo la creación de dos organismos que controlarían el poder que tiene el Director Nacional (DN).
Sin duda que es muy necesario que quien dirige esta importante institución, no esté manipulado por el gobierno de turno, no contamine la acción de los fiscalizadores con sus aprehensiones y no existan rémoras a las legítimas aspiraciones de los contribuyentes. Para lograr estos criterios, se introdujo al proyecto de Cumplimiento Tributario que está siendo debatido en el Senado, un consejo que tendrá la misión de establecer las políticas de fiscalización, compuesto por el DN y algunos subdirectores. Lo interesante de esto es que se ha propuesto que tanto el DN como los subdirectores sean nombrados a través del procedimiento de Alta Dirección Pública, lo que garantizará independencia de los subdirectores respecto del DN.
El otro consejo tendrá una composición externa, sin precisar realmente el origen de estos consejeros.
Esta gobernanza no fue bien recibida por el actual director subrogante, don Javier Etcheverry, puesto que incomoda su talante directivo que es más bien personalísimo y concentrado en sus capacidades, las cuales son reconocidas transversalmente gracias a su labor en los doce años que fungió como DN.
Alega que generará restricciones y más burocracia en el diseño y aplicación de los planes de fiscalización. Por otro lado, vacila respecto de la idoneidad y ecuanimidad de los consejeros que provendrán del mundo privado.
Sin duda que es una opinión con autoridad, y que hizo dudar a los senadores Coloma y Lagos, quienes pese a estar de acuerdo con esas propuestas, han manifestado que volverán a estudiarlas.
Creo firmemente que la gobernanza es un criterio muy adecuado para el correcto funcionamiento de las organizaciones, pero creo, más fervientemente, en la eficiencia, la cual no prospera cuando hay exceso de burocracia.
Si bien es cierto que el DN debe tener un poder controlado, es necesario que haga bien su trabajo que es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si se evidencia que su actuación es abusiva, existen los canales institucionales para hacer defender los derechos de los contribuyentes vulnerados. Si éstos canales son débiles, hay que fortalecerlos, pero no con consejos que atacan y debilitan el poder del DN. En otras palabras, no quitemos las fuerzas al DN, sino controlemos su aplicación.
También coincido con el señor Etcheverry respecto de la formación de los miembros externos que formarían parte del consejo. Es posible que en la actualidad podamos contar con un número aceptable de profesionales con atributos destacables y valorables, así también con académicos, mujeres y hombres, que harían un excelente trabajo, pero también creo que rápidamente de acabaría esta masa crítica, pues nuestro país es pequeño y terminaríamos prontamente con cuotas de partidos políticos, tal como ocurrió con el Tribunal Constitucional que, de partir con un número pequeño de “técnicos”, llegamos a un número mayor de profesionales que tienen una reconocida tendencia política y su nombramiento considera los pesos de los partidos políticos.
Es por tal motivo que valoro la aplicación de la gobernanza en el SII, pero respetando y protegiendo su eficiencia la cual es posible prevalecer a través de mecanismos más flexibles que los consejos que no convencen ni siquiera a los senadores.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago