
Por unanimidad, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el Proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, tras haber alcanzado un Protocolo de Acuerdo con el Gobierno. Esta iniciativa estaba en análisis desde abril de este año en dicha instancia que recibió más de 40 audiencias de distintos expertos. Ahora, el proyecto debe ser aprobado en general en la Sala del Senado, y luego, según lo establecido en el Protocolo, una mesa técnica será la encargada de complementar el trabajo de la Comisión con miras a una pronta aprobación en particular. A continuación, los detalles del acuerdo:
Avanzar en cumplimiento de las obligaciones tributarias existentes representa una opción de primer orden tanto desde el punto de la justicia hacia los contribuyentes, la igualdad de condiciones para competir y el desafío mayor recaudación, sobre todo cuando este esfuerzo se complementa en forma sustantiva por una agenda pro-inversión, crecimiento económico y mejor gasto público. En tales circunstancias, concordamos en los siguientes elementos relacionados con el Proyecto de Ley sobre Cumplimiento Tributario, en tramitación en el Senado de la República.
1. Principios
- Establecer un marco jurídico con reglas claras, simples y justas para todos los contribuyentes, que promueva el cumplimiento tributario en el marco de los principios de juridicidad y legalidad.
- Garantizar que las obligaciones tributarias, determinadas claramente por la ley, sean percibidas como justas y proporcionadas por la ciudadanía, en el marco de un sistema tributario que sea simple, fácil de comprender y con instituciones sólidas que la administren.
- Combatir decididamente la evasión, incentivando la formalización de quienes operan al margen de la normativa vigente y fortaleciendo las normas que permiten la investigación y persecución de delitos tributarios. En este sentido, existe acuerdo en contemplar figuras penales modernas en materia tributaria, que permitan combatir de manera efectiva la evasión tributaria, con mecanismos disuasivos y eficientes, eliminado espacios y brechas donde la evasión pueda producirse.
- Enfrentar la elusión como una forma particular de distorsiones en la equidad horizontal y vertical del sistema tributario. Los mecanismos para luchar contra la elusión deben resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso, objetividad, entre otras, lo que deberá verse garantizado por la estructura orgánica del SII, que es parte sustantiva de las presentes bases de acuerdo.
- Los órganos de recaudación y fiscalización tributaria deben operar sobre estructuras y procesos objetivos, independientes, despolitizados, eficientes y de alta excelencia, con herramientas tecnológicas que ayuden a un mejor cumplimiento tributario, adaptándose a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes. Los organismos fiscalizadores deben además contar con dispositivos institucionales que resguarden y promuevan la probidad, transparencia y rendición de cuentas, así como con herramientas que permitan la atracción y retención de talento.
- La Defensoría del Contribuyente debe contar con las facultades y recursos que le permitan cumplir efectivamente el propósito para el cual fue creada, incluyendo la educación en materia de cumplimiento tributario y derechos de los contribuyentes.
- Asegurar el cumplimiento irrestricto de las reglas del debido proceso en el ámbito tributario, tanto en los procesos en sede administrativa como judicial.
- Mejorar sustantivamente y asegurar reciprocidad en la eficiencia del gasto público, procurando que las ganancias de eficiencias sean permanentes. La mayor recaudación tributaria debe acompañarse de un mejor gasto público e incentivos correctos a la inversión, el ahorro y el crecimiento económico.
2. Materias en las que existen acuerdos básicos para avanzar y sustentar idea de legislar
i. Avanzar en la normativa anti-evasión tributaria, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios.
En este punto, se incluyen como materias de acuerdo las siguientes:
- Implementación de normas de cooperación eficaz.
- Modernización de los tipos penales tributarios (materia a ser revisada por penalistas expertos).
- Medidas contra la informalidad.
- Perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad.
ii. Modernizar orgánicamente al SII, tanto en su gobernanza como en el rol central que debe cumplir en el correcto desarrollo económico del país.
En este punto, se considera, entre otros elementos:
- Fortalecer su carácter de organismo técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares, tanto en su dirección como subdirecciones.
- Establecimiento de plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión.
- Uso efectivo de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento.
- Se establecerá una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el Servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas. El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia.
- Se despersonalizarán las decisiones de mayor relevancia institucional.
- Implementación de nuevas normas de probidad y transparencia.
- Incorporación de mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía.
iii. Del mismo modo, se trabajará en el fortalecimiento del rol central que deben cumplir el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo.
iv. Avanzar en todas aquellas materias que fortalezcan el funcionamiento de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON).
3. Materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad
Acordar las siguientes materias en base a las condiciones que se indican:
- Revisión de la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y asociados a crimen organizado.
- Avanzar en materia de secreto bancario a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado.
Las materias que impliquen cambios a normas sustantivas, nuevos hechos gravados, cambios de base y modificaciones a leyes impositivas se discutirán por separado, en una mesa técnica con un plazo de dos semanas a contar de la votación en general del proyecto. Este trabajo permitirá distinguir entre: (a) propuestas que se eliminarán del proyecto, (b) propuestas que se trasladarán a otro proyecto, (c) propuestas que se reformularán en base al trabajo de la mesa técnica, y (d) propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular. Las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la Comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que este pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la Mesa del Senado para los proyectos del Pacto Fiscal.
Respecto a los cambios a la normativa anti-elusión general, existen diferencias respecto de la propuesta actual, las cuales también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del SII. Entre los temas que se revisarán en esta instancia se encuentran la fórmula en que se computa la prescripción de las acciones de fiscalización del SII, y la prevalencia de las normas especiales anti-elusión en relación a la Norma General Antielusión.
4. Implicancias para las Finanzas Públicas
En relación a materias de finanzas públicas que se circunscriban al Proyecto de Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias se concuerda:
- Actualizar la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia.
- Precisar el destino prioritario de los recursos, incluyendo financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, inversión en seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo socioemocional a la niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en los establecimientos educacionales.
- En relación al mejor gasto público se adoptará una meta más desafiante de ahorro anual de recursos fiscales que la estimada en el informe de la OCDE, la que será de 0,2% del PIB, señalando los dispositivos institucionales para lograrlo y un mecanismo de información pública.
Se constata que, dados los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el Pacto Fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación.
Por último, existe un acuerdo en que la ley contemple una evaluación externa de la aplicación de esta iniciativa, incluyendo el efecto sobre la recaudación, su impacto económico y el cumplimiento de los compromisos en materia de gastos, que se encargará a un organismo técnico externo al cabo de tres años de su entrada en vigor.