La mejora del Sistema de Evaluación Ambiental y la revisión de la extensa permisología asociada, a través de un proyecto de ley en discusión, plantea la creación de un nuevo servicio público bajo la órbita del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Sin embargo, en la discusión se omite abordar la supresión, fusión o revisión de los 37 servicios vinculados a esta temática, los cuales actualmente dependen de 16 ministerios distintos.
Este patrón de comportamiento ha sido común a los diversos gobiernos, los que ante una necesidad significativa detectada, han respondido con la ampliación de sus plantas de funcionarios o con la creación de un nuevo servicio público obviando determinar las consecuencias de este acto.
Una institucionalidad robusta y eficiente requiere muchas veces de estas medidas que no es otra que la concentración de atribuciones específicas en un solo órgano y evitar así la burocratización de trámites y decisiones. Sin embargo, se obvia ajustar, fusionar o reemplazar lo ya existente, manteniéndose muchas veces no sólo duplicidades de funciones y competencias, sino que también aumentando progresiva e injustificadamente la cantidad de funcionarios públicos.
La estructura actual del Estado incluye 24 ministerios, con sus respectivas subsecretarías, seremis y servicios públicos dependientes o relacionados, generando un gasto en remuneraciones de MM$13.801.179 para el Presupuesto de 2023, lo que representa un 19,3% del presupuesto total.
Contar con una institucionalidad sectorial ágil, transparente y eficiente y es crucial para que el Estado pueda implementar las políticas públicas diseñadas y cumplir con sus cometidos de fomento del crecimiento y de proporcionar servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía.
Si nuestra preocupación es efectivamente la modernización del Estado y que los cambios institucionales tengan aquello como norte, estas reflexiones deben formar parte del debate y ser analizados exhaustivamente por los distintos centros de estudios y la academia. Nadie quiere más burocracia ni un crecimiento exponencial del Estado, pero da la impresión de que estos argumentos se omiten en la hora crucial, muchas veces por temor a la reacción de asociaciones de funcionarios o por egoístas cálculos políticos y electorales.
La tarea de todos es construir una institucionalidad que facilite la implementación de las políticas públicas en lugar de obstaculizarlas ya que esto permite garantizar un mayor y oportuno bienestar de la sociedad. La modernización del Estado, por tanto, no sólo debe formar parte de las preocupaciones y de los programas de gobiernos de los próximos candidatos a la Presidencia, sino que también una política de Estado a la que debe otorgársele la urgencia necesaria.
Ximena Nuñez Vega
Colaborador en Investigación
Observatorio de Políticas Públicas del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile