Soluciones en torno a la infraestructura escolar
En medio de un escenario educativo marcado por el descontento, protestas y el paro de profesores en Atacama, actos que apelan a hacernos cargo del déficit de infraestructura que ha desencadenado esta crisis. Ante este desafío, la implementación de Asociación Público-Privada, a través de por ejemplo la Ley de Concesiones, se presenta como una vía estratégica para impulsar inversiones cruciales en este ámbito, que permita la construcción y mantención de los establecimientos educacionales.
Explorar el ámbito internacional, revela una variada experiencia en países como España, Inglaterra, Canadá, Brasil, Australia y Colombia que han demostrado que la colaboración público-privada puede ser un motor efectivo para el desarrollo de Infraestructura escolar que ayude a generar equidad entre los distintos sectores de la sociedad.
La experiencia adquirida en proyectos específicos, como hospitales y cárceles, no debe pasarse por alto. Estas iniciativas han entregado valiosas lecciones que podrían ser aplicadas en el ámbito educativo. Previendo posibles problemas generados anteriormente, estas obras se deberían llevar adelante a través de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad y un marco regulatorio claro y transparente que defina los derechos y obligaciones de las partes involucradas, no olvidando que la infraestructura, ante todo, es pública.
El Plan “Buen Vecino” del Ministerio de Obras Públicas, surge como una idea a observar para desarrollar proyectos educacionales y se enmarca en la nueva visión que está desarrollando el Estado y las empresas concesionarias en su relación con las comunidades desde la óptica de prestación de servicios.
El enfoque descentralizado también se presenta como un componente esencial. La transferencia de responsabilidades y recursos hacia las regiones permite adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada localidad a través de la Asociación Publico-Privada, y sus distintas manifestaciones, por parte de los Gobiernos Regionales. Esto empoderaría a las comunidades locales y, dado el conocimiento contextual, los proyectos tendrían diseños más efectivos y sostenibles a partir de una sinergia entre Estado, Privados y las comunidades educativas.
En este sentido, la educación pública en nuestro país no puede ser abordada de manera uniforme; las soluciones deben adaptarse a la diversidad de desafíos y oportunidades presentes en cada región.
De esta manera, el apalancamiento privado para el desarrollo de infraestructura pública en el ámbito educativo se erige como una posible solución en medio de la crisis que afecta a la educación. A través de elementos como el Plan “Buen Vecino”, aprendiendo de las lecciones de concesiones específicas y mirando hacia experiencias internacionales, especialmente latinoamericanas y descentralizando las iniciativas, podemos construir un futuro educativo sólido y equitativo.
La Asociación Público-Privada no solo se convierte en una estrategia económica con el potencial de desarrollar industrias locales, sino en una herramienta vital para transformar la realidad física de la educación aportando a forjar un camino hacia la excelencia en la enseñanza y dignidad de sus comunidades.
Paulo Muñoz
Investigador Asociado Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
