Paulo Muñoz



Paulo Muñoz

La colaboración público-privada no solo facilita la movilización de recursos, sino que también introduce estándares de eficiencia y calidad en la gestión de esta infraestructura, mientras que la autoridad mantiene la responsabilidad de la custodia y reinserción de los internos.Para abordar la urgencia en la expansión de la capacidad penitenciaria, es pertinente estudiar el uso de construcción industrializada como una alternativa viable.

La infraestructura pública no es solo concreto y acero; es una herramienta poderosa para conectar comunidades y mejorar la calidad de vida. Por eso, iniciativas como el Manual de Relacionamiento Comunitario para Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lanzado recientemente, representan un avance significativo hacia un desarrollo más humano y sostenible.

La cartera de licitaciones recientemente presentada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) contempla algunos proyectos clave que deben ser llevados adelante, con el objetivo de continuar la senda de mejoramiento de la infraestructura de nuestro país.

En medio de un escenario educativo marcado por el descontento, protestas y el paro de profesores en Atacama, actos que apelan a hacernos cargo del déficit de infraestructura que ha desencadenado esta crisis. Ante este desafío, la implementación de Asociación Público-Privada, a través de por ejemplo la Ley de Concesiones, se presenta como una vía estratégica para impulsar inversiones cruciales en este ámbito, que permita la construcción y mantención de los establecimientos educacionales.

Este año se ha reabierto la discusión sobre las atribuciones que poseen los Gobiernos Regionales para el desarrollo de sus territorios. Y un elemento relevante para este objetivo es la infraestructura, la que parece ser “invisible”, pero que nos recuerda su importancia cuando falla o se hace evidente su déficit, lo que impacta la calidad de vida de las comunidades.