Comisión de Vivienda: exministro Montes descartó que Contraloría detectara sobreprecios

(www.camara.cl)

Para abordar el Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República, que habría detectado irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional, la Comisión de Vivienda recibió al exministro de la cartera, Carlos Montes.

Al respecto, durante su exposición, Montes dijo que la Contraloría constató insuficiencias procedimentales, pero no delitos, no sobreprecios, no actos de corrupción, enfatizó. Y, añadió que las observaciones apuntan a precaver riesgos futuros y corregir procedimientos.

Sobre los supuestos sobreprecios que se habrían pagado en la compra de terrenos que el citado informe de auditoría habría constatado, el exministro Montes recalcó que “No hay en el informe mención alguna a sobreprecios (…) la palabra no existe en ninguna de las 149 páginas. No establece que se hayan cometido delitos o actos de corrupción. No remite antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado”, acotó.

Agregó que el órgano contralor tampoco “ordena retrotraer ninguna compra, devolver fondos ni declarar ilegal ninguna operación”. Sostuvo, a su vez, que todos los terrenos adquiridos tienen justificación en la necesidad de mantener la continuidad de la política habitacional más allá del Plan de Emergencia Habitacional.

El exsecretario de Estado explicó, finalmente, que muchas medidas ya están siendo implementadas y las que restan requieren continuidad institucional.

Observaciones Parlamentarias

Tras la exposición, la diputada Macarena Santelices solicitó pedir información sobre la ejecución del plan de adquisición de terrenos y consultó cuántas hectáreas han sido compradas hasta la fecha y, de ese total, cuántas se han traducido efectivamente en proyectos concretos.

Respecto a la alerta realizada por la Contraloría en materia de compra de terrenos, la parlamentaria cuestionó la falta de coherencia en los datos. A su juicio, “no hay un número que coincida entre lo que se adquiere y los proyectos que realmente están en marcha. Bajo esa lógica, estaríamos ante un escenario de adquisiciones desmedidas”.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao cuestionó la demora en la implementación reglamentaria de la Ley 21.450, sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. El legislador consultó a Carlos Montes por qué “siendo ministro de Vivienda, omitió dictar dentro del plazo legal de 180 días el reglamento exigido”, situación que, a su juicio, permitió que las compras se realizaran “sin criterios formales de precios y localización”.

A su vez, la diputada Emilia Nuyado señaló que el informe de la Contraloría advirtió “una falta de formalidad respecto al precio y algunos riesgos presupuestarios, porque los rangos no estaban muy claros”. Sin embargo, “eso no significaba que hubiera un sobreprecio o que estuviéramos frente a una ilegalidad”, puntualizó.

Finalmente, el diputado Javier Muñoz, en tanto, señaló que “aquí estamos hablando sobre la Política Pública en materia habitacional. Estas son de corto, mediano y largo plazo (…) Quienes hemos sido objeto de informes de Contraloría sabemos los alcances que, cuando hay situaciones que ameritan delito o que ameritan una investigación más profunda, dicen que reenviarán estos antecedentes al Ministerio Público para su investigación, lo que aquí no ha ocurrido”.