Paulo Muñoz

La colaboración público-privada no solo facilita la movilización de recursos, sino que también introduce estándares de eficiencia y calidad en la gestión de esta infraestructura, mientras que la autoridad mantiene la responsabilidad de la custodia y reinserción de los internos.Para abordar la urgencia en la expansión de la capacidad penitenciaria, es pertinente estudiar el uso de construcción industrializada como una alternativa viable.

Chile, un país emplazado en una zona de alta sismicidad y con una realidad climática cada vez más extrema, como pudimos ver con las últimas lluvias, se enfrenta a un desafío crucial: construir infraestructura resiliente. Entendemos resiliencia como la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse de eventos adversos, lo que se vuelve imperativo para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible.

En medio de un escenario educativo marcado por el descontento, protestas y el paro de profesores en Atacama, actos que apelan a hacernos cargo del déficit de infraestructura que ha desencadenado esta crisis. Ante este desafío, la implementación de Asociación Público-Privada, a través de por ejemplo la Ley de Concesiones, se presenta como una vía estratégica para impulsar inversiones cruciales en este ámbito, que permita la construcción y mantención de los establecimientos educacionales.

Este año se ha reabierto la discusión sobre las atribuciones que poseen los Gobiernos Regionales para el desarrollo de sus territorios. Y un elemento relevante para este objetivo es la infraestructura, la que parece ser “invisible”, pero que nos recuerda su importancia cuando falla o se hace evidente su déficit, lo que impacta la calidad de vida de las comunidades.