Desafío Minvu: el necesario rediseño del DS 27
El Programa de Mejoramiento de Condominios de Vivienda (DS 27, Capítulo III) nació con la intención de enfrentar un problema evidente: el deterioro y la obsolescencia de los bienes comunes en los condominios sociales en altura, espacios donde viven miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. Escaleras desgastadas, techumbres obsoletas y áreas comunes inseguras son parte de una realidad que afecta directamente la calidad de vida de quienes habitan estos conjuntos.
El diagnóstico fue claro y respaldado por estudios como la CASEN 2022 y el índice PUC (2018). Más de 400 mil hogares afectados, muchos de ellos en sectores urbanos marcados por la exclusión social y la segregación. El programa se justificaba plenamente como una política pública destinada a reducir el déficit habitacional cualitativo y mejorar la habitabilidad. Sin embargo, la falta de indicadores precisos (por ejemplo, reducción efectiva del deterioro y obsolescencia) que permitieran evaluar la resolución del problema de fondo debilitó su capacidad de diseñar soluciones ajustadas a las necesidades reales.
Los resultados, lamentablemente, mostraron una brecha preocupante entre la intención y la ejecución. Durante el período 2021-2024 se atendió a 76.760 familias, apenas el 39,9% de la población objetivo. La cobertura cayó drásticamente: de más de 31 mil familias beneficiadas en 2021 a solo 5.821 en 2024, una baja del 81,4%. El componente de ampliación de viviendas prácticamente no se ejecutó y el promedio nacional de proyectos concluidos al año siguiente del llamado fue de apenas 20,3%. Además, la focalización territorial y funcional mostró serias debilidades (falta de información y externalización de roles en entidades patrocinantes): los condominios más críticos quedaron fuera de las prioridades, mientras se seleccionaron proyectos en sectores con menor deterioro.
Minimizar esta incoherencia entre el discurso de las políticas habitacionales y su impacto real en las comunidades debiera ser parte de las reevaluaciones de las actuales autoridades sectoriales. En el caso del DS 27, resulta evidente que, la política queda atrapada en la burocracia y en la administración rutinaria de la vulnerabilidad.
El programa confirma la necesidad de intervenir en el déficit habitacional cualitativo, pero también revela los límites de un diseño burocrático y dependiente de entidades externas. En este punto, la pregunta es inevitable: ¿debe continuar el programa tal como está o requiere una reformulación profunda? La evidencia sugiere que el DS 27 es un programa necesario, pero no puede seguir funcionando bajo la misma lógica. Es urgente rediseñarlo, poniendo el acento en una focalización más rigurosa hacia los condominios con mayor deterioro, en la incorporación de indicadores que midan efectivamente la reducción del déficit cualitativo y en una asignación de recursos que priorice la urgencia social por sobre la rutina administrativa. Solo así se logrará una mejora sustantiva en el cumplimiento de sus objetivos y se evitará que los fondos públicos se diluyan en proyectos de bajo impacto.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
