En medio de un escenario educativo marcado por el descontento, protestas y el paro de profesores en Atacama, actos que apelan a hacernos cargo del déficit de infraestructura que ha desencadenado esta crisis. Ante este desafío, la implementación de Asociación Público-Privada, a través de por ejemplo la Ley de Concesiones, se presenta como una vía estratégica para impulsar inversiones cruciales en este ámbito, que permita la construcción y mantención de los establecimientos educacionales.
Este año se ha reabierto la discusión sobre las atribuciones que poseen los Gobiernos Regionales para el desarrollo de sus territorios. Y un elemento relevante para este objetivo es la infraestructura, la que parece ser “invisible”, pero que nos recuerda su importancia cuando falla o se hace evidente su déficit, lo que impacta la calidad de vida de las comunidades.