Panamá dice no al contrato minero

Desde el 21 de octubre de 2023, el mundo ha visto exhorto la forma como las calles de la República de Panamá han sido escenario de intensas movilizaciones ciudadanas. Las gigantescas olas de protestas que han sacudido los cimientos de la nación panameña han sido provocadas por la insistencia de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, de aprobar y sancionar respectivamente y de manera inconsulta la renovación del contrato de concesión con la Minera de Cobre Panamá, First Quantum Minerals Ltd. de origen canadiense.

El periodista y activista social panameño Carlos Frenchi Castillo, sostiene que la gran explosión social que experimenta panamá desde hace más de un mes y que no se ve una luz al final del túnel, surge a partir de que el contrato minero anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2021, pero hasta ahora el fallo no ha sido acatado, al mismo tiempo el 20 de octubre de 2023, se anuncia por parte de Minera Panamá, First Quantum, que la ley número 406 que aprueba el contrato de concesión minera de la mina de cobre más grande e importante de panamá ha sido publicada en la Gaceta Oficial del país, lo cual caldeó el ánimo de la población y movimiento sociales.

Castillo sostiene que la movilización social es a nivel nacional, lo cual evidencia un rechazo total a la manera inconsulta en que aprobó la Asamblea Nacional y que luego fuera sancionado por el poder ejecutivo en la persona del presidente Cortizo, el nuevo contrato minero. Llama la atención que la aprobación se realizara entre gallos y medianoche, en apenas tres días (72 horas) lo cocinaron, lo que deja en evidencia que los asambleístas no tuvieron el tiempo suficiente para discutirla ni menos para leerlo, como así efectivamente lo han reconocido públicamente.

Las movilizaciones son multitudinarias sostiene Castillo, no se trata solo de un sector de la sociedad o de tres o cuatro gatos, como se ha señalado despectivamente para tratar de golpear la resistencia social, por parte de los sectores beneficiarios del contrato minero, se trata más bien, de una movilización que involucra a los gremios de médicos, de la salud, del magisterio, de estudiantes, trabajadores de la construcción, de los transportistas y en definitiva de los pueblos originarios panameños.

El descontento social es inminente, se enarbolan carteles en donde se lee, “El agua es vida, la minería es muerte”, se sostiene, por tanto, que la presencia de la Minería Panamá, asociada con una empresa canadiense, que ha operado en esta zona por más de 26 años de forma ilegal, y ahora pretende continuar explotando el cobre en esta área de asentamientos biodiversos traerá consigo y aún más fuerte impacto medioambiental y un aterrador futuro inmediato para el recurso hídrico que de por sí ya es escaso. Más cuando no ha presentado estudios de impacto ambiental categoría tres, del desastre causado a la naturaleza en el pasado y los que causará en el futuro.

¿Qué hace tan especial al contrato minero que ha movilizado a todo un pueblo? De la información a la que se tuvo acceso se sostiene que, en marzo de 2023, Panamá firmó un nuevo contrato con la empresa de origen canadiense denominada First Quantum Minerals, en el mencionado documento legal se establece que la concesión minera, Mina de Cobre Panamá, será ampliada a un plazo de 20 años y renovable por dos décadas más; actividad que por lo menos dejaría un ingreso mínimo a las arcas fiscales del país de apenas 375 millones de dólares.

Se ha manifestado también que la cantidad de dinero equivalentes a 375 millones de dólares, que recibiría el Estado panameño por permitir la explotación minera en el corredor biológico mesoamericano, área sumamente sensible, es insignificante comparado con los daños que esta traería al ecosistema, más cuando según estudio se ha determinado que la minera de cobre que es motivo del gran conflicto, representa el 5% del conjunto de la economía de la nación centroamericana.

Se ha señalado además por parte de los manifestantes, que las sendas movilizaciones en las calles panameñas en los últimos días son la expresión contundente del rechazo ciudadano frente al irrespeto a las leyes y a la Constitución de la República, una vez que en el 2021 el contrato inicial celebrado entre el Estado panameño y First Quantum Minerals, que garantizaba la explotación de las minas de cobre hasta 2037, ya fue declarado inconstitucional por un tribunal de primera instancia y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Se hace necesario investigar, ¿qué hay detrás de la firma del nuevo contrato minero?, cuando ya fue declarado inconstitucional en 2021, ¿qué ha llevado al gobierno panameño y a la Asamblea Nacional a reeditar el contrato minero? y en esta ocasión, entregarle una concesión minera a cielo abierto, exclusiva en más de 12 951.1 hectáreas para explotación, exploración, extracción, procesar, refinar, transportar el cobre y todos los minerales asociados, al mismo tiempo que se le entrega el poder y la libertad para que se pueda diseñar, construir toda clase de infraestructura para el procesamiento de minerales.

El pueblo que es el soberano, ha dicho no al nuevo contrato ley minero 406 y exigen que para dar fin al conflicto, la Corte Suprema de Justicia, que por el bien del país no de larga al asunto, con el ánimo de enfriar las inéditas manifestaciones y que por el contrario emita un fallo de inconstitucionalidad del nuevo contrato minero, por violar la Constitución y los convenios internacionales, partiendo del hecho de que la Constitución de la República manda y prohíbe concesiones de contratos mineros a Estados extranjeros.

Félix S. Pilay Toala

Profesor Universitario

Doctor. Economista, Magister en Administración Pública.

Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)

Pilayfelix071@gmail.com