El año económico y político del gobierno de Boric
Durante casi todo el año 2022 se ha estado, en lo económico, con un proceso de ajuste, estancamiento o ralentización del Producto y, a la vez, tratando de controlar la fuerte inflación que se desató en Chile. El gobierno de Boric ha estado en medio de este proceso de control inflacionario y de estancamiento de la economía chilena durante todo 2022.
El PIB creció fuertemente en 2021 (11,7%), por el alto aumento del gasto fiscal que significó entregar ese año subsidios como el ingreso familiar de emergencia, IFE universal y también por los retiros previsionales, que significaron el desahorro de esos fondos, permitiendo con ello fuertes aumentos del consumo y la inversión, traduciéndose en aumento de la demanda interna que, desde el 2º semestre de 2021, provocaron un proceso inflacionario en Chile, el que se acrecentó en 2022 hasta llegar a 12,8% en diciembre del año pasado. Inflación que ha sido difícil de reducir, a enero 2023 aún estaba en 12,3%.
Para controlar la inflación, el Banco Central reaccionó con una política monetaria restrictiva, subiendo fuertemente la tasa de política monetaria, TPM, desde 0,5% (junio 2021) hasta 11,25% en diciembre 2022 y con ello terminó aumentando la tasa de interés de la economía, afectando así la demanda interna de bienes y servicios, con lo que comienza un proceso de estancamiento de la actividad productiva en Chile, medida mensualmente con el IMACEC, que en enero 2022 fue de 8,96%, en septiembre fue de -0,40% y llegó a -2,5% en noviembre ppdo. En los últimos meses se ha recuperado algo la actividad productiva, en diciembre fue de -1,0% y en enero 2023 fue de +0,4%, dando indicios de un sector productivo resiliente. Sin embargo, la tendencia decreciente que trae la economía chilena seguirá prevaleciendo y lo más probable es que se cumplan los pronósticos más positivos y, a diciembre de 2023, el PIB sea más cercano a cero (entre -0,5% y -0,3%)
En este año el Gobierno de Boric ha colaborado con lo que se podría llamar una adecuada política fiscal para bajar la inflación. De partida, el presupuesto para 2022 se redujo en 22,5% respecto del año anterior, lo que fue un acuerdo político hecho en 2021, antes de este nuevo Gobierno. Lo relevante, sin embargo, es que las acciones de apoyo a los más necesitados, que se han visto afectados con la inflación, han sido realizadas por el Gobierno de Boric, con un enfoque de focalización, evitando así altos aumentos del gasto y del déficit fiscal. Entre ellas están los subsidios para contrarrestar los efectos de los aumentos de precios de los alimentos en las familias de menores ingresos, dado que el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) ha subido el doble (27,6%) de lo que ha subido el IPC (12,3%), anualizado a enero 2023. Entonces, incluso el aumento del gasto fiscal en 660 mil millones de pesos, que es lo que significa duplicar el ex bono marzo y mantener el subsidio a la CBA, a través del “bolsillo familiar electrónico”, es una cifra claramente no inflacionaria. El problema surgirá durante el transcurso de este año, si la caída de los precios es más lenta de lo pronosticado por el Banco Central (3,6%) o por el M. de Hacienda (4,0%), como es probable que ocurra si se cumplen las estimaciones de la encuesta de expectativas del Banco Central (5,3%) u otras del orden del 6% que se han formulado. Resultados más altos que dependen de la probabilidad de que se termine el año con un PIB cercano a positivo.
En este primer año, el gobierno de Boric ha enfrentado serios eventos políticos que por sí solos tendrían a su vez, serios efectos económicos, como el alto triunfo del rechazo al proyecto de nueva constitución el 04 de septiembre pasado. Sin embargo, no se han generado en el país altos niveles de incertidumbre. Lo que tiene que ver, entre otros factores, con los procesos de ajustes que el Presidente ha estado realizando a sus propuestas de gobierno, por las limitaciones políticas que se encuentran presentes en la vida nacional. Estamos en plena discusión de la reforma tributaria y de la reforma previsional, las que tienen un lento avance, que se ha ralentizado con la puesta en marcha del segundo proceso constitucional que vive el país, que tendrá un primer punto crucial con la elección del 07 de mayo de los consejeros constitucionales, que generarán finalmente una propuesta de nueva constitución, la que se plebiscitará el 17 de diciembre próximo. Es un año electoral, lo que dificulta los acuerdos políticos para cambios mayores. Y, por otro lado, el Gobierno enfrenta problemas que son urgentes para la ciudadanía, centralmente los vinculados con la seguridad ciudadana, tema en el que se han creado altos niveles de inseguridad para la vida común y se agregan situaciones coyunturales de potenciales quiebres de las Isapres, en el sistema privado de salud, que puede ampliarse a toda la población, mientras persisten los problemas de la educación y vivienda.
La disyuntiva de su primer año fue avanzar con fuerza en las reformas prometidas (salud, educación, medio ambiente, tributaria, previsional) o priorizar (políticamente y en recursos) los problemas urgentes de gestión del Estado. Finalmente, el primer año se avanzó poco en las reformas y hubo dificultades en las acciones concretas para resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. Ambas situaciones siguen presentes en el gobierno y en el país.
Víctor Salas Opazo
Departamento de Economía
Universidad de Santiago de Chile
