CMF aplica sanciones a Unnio Seguros Generales, directores y gerente general por graves deficiencias en la presentación de información financiera
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que, en el ejercicio de sus atribuciones, su Consejo resolvió aplicar sanciones por infracciones a las normas que imponen deberes de información a las Compañías de Seguros, y a los deberes de cuidado y diligencia exigido a los directores y gerente general de este tipo de compañías.
Una vez concluido el procedimiento sancionatorio instruido por la Unidad de Investigación, el Consejo sancionó a Unnio Seguros Generales S.A. con una multa de UF 2.000 por infringir las normas relativas al contenido de la información financiera presentada a la Comisión en los Estados y Reportes Financieros de la Compañía entre los años 2018 y 2020.
Asimismo, el Consejo de la CMF sancionó con UF 600 a cada uno de los directores Egle Pulgar Jimeno, Matías Williams Ossa, Diego Panizza Miller, José Tomás Sojo y Fernando Concha Mendoza, por su falta de diligencia al no procurar que los Estados y Reportes financieros reflejaran correctamente la situación financiera de la Compañía.
En los mismos términos, sancionó al gerente general, Juan Ignacio Álvarez Troncoso, por su responsabilidad en la preparación y entrega de información financiera no fidedigna a la CMF.
Resolución sancionatoria
Según consta en la Resolución Sancionatoria, el Consejo determinó que tanto la Compañía, como sus directores y gerente general incurrieron en infracciones a la normativa sobre información financiera de las Compañías de seguros.
Unnio presentó estados financieros en los que no se incorporaron las sumas obtenidas en virtud de dos Acuerdos de Conmutación, que celebró con dos reaseguradoras, a propósito de los cuales recibió una suma aproximada de 15 millones de dólares, lo que correspondía a casi el doble de su patrimonio en ese entonces.
En virtud de los Acuerdos de Conmutación, Unnio puso término a dos contratos de reaseguro celebrados con sus reaseguradores. Por estos Acuerdos, los reaseguradores quedaron liberados de sus obligaciones, a cambio de la suma que se pagó a Unnio, para que esta, a su vez, pagara los siniestros a los Asegurados.
Dicho monto fue administrado de forma separada al resto de las operaciones de la Compañía, ya que Unnio manifestó estar actuando como administradora por cuenta de terceros, razón por cual no incorporó dichas operaciones y fondos en sus Reportes y Estados Financieros.
De esta forma, la Compañía no informó las sumas recibidas, las cuentas en las que mantenía dichos fondos, ni las inversiones que realizó con ellos. Finalmente, los saldos fueron informados parcialmente a medida que se pagaban los siniestros.
En el desarrollo del procedimiento, el Consejo arribó a la convicción de que tanto el gerente general don Juan Ignacio Álvarez Troncoso, como los directores Egle Pulgar Jimeno, Matías Williams Ossa, Diego Panizza Miller, José Tomás Sojo y Fernando Concha Mendoza infringieron el deber de cuidado y diligencia.
Esto por su responsabilidad en que dichas operaciones y montos recibidos no fueran reflejados correctamente en los Estados y Reportes financieros de la Compañía.
Con ello se vulneró el deber de cuidado y diligencia que está establecido el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, derivando en que se entregara información incorrecta a la CMF y al mercado, que no reflejaba la real situación financiera de Unnio.
Relevancia de la conducta sancionada
La Resolución considera que las conductas llevadas a cabo por la Compañía, sus directores y gerente general afectan los distintos pilares que están detrás de la legislación, como lo son la confianza, la transparencia y la calidad de la información.
Los incumplimientos detallados propiciaron que la Compañía no mostrara sus reales índices de solvencia, toda vez que no se informaron los montos relacionados a los acuerdos de conmutación, ni los efectos de terminar los contratos de reaseguro en dichos indicadores.
De esta forma, no solamente se afectaron los intereses del mercado en general, sino que también la información que se entrega a los asegurados y distintos stakeholders que participan en el mercado asegurador, lo que fue estimado como una conducta grave por parte del Consejo.
