Guillermo Lasso y la Cumbre de Glasgow

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Las operaciones de pesca de flotas extranjeras en el Pacífico oriental que afectan particularmente a Ecuador, Perú y Chile, que configuran ciudades flotantes de magnitudes superiores a Santiago, Lima o Quito, han sido reportadas por la prensa internacional, atónita por sus dimensiones. Se ha anunciado que centenares de barcos con sofisticadas artes de pesca, que les permiten intervenir en un radio de operaciones equivalente a cientos de miles de km2, están protagonizando un ecocidio que empieza a estremecer al mundo.

Los volúmenes de pesca que capturan actualmente las flotas extranjeras, habilitadas el 2012 cuando se adhirió a Ecuador a la CONVEMAR, que reduce el mar territorial de 200 a sólo 12 millas, suman decenas de millones de toneladas cada año. Una aproximación de empresas pesqueras que favorecen estos procedimientos, reconoció el 2020 en la Asamblea Nacional en Quito, que solo la flota de barcos chinos, estaría pescando 5 millones de toneladas de pota, (calamar gigante) y jurel por incursión, y que realizaría no menos de 4 al año.

Sus consecuencias son graves para los equilibrios del ecosistema marino, implican un perjuicio económico enorme de decenas de miles de millones de dólares al año, y además, tienen un efecto en el cambio climático. Son los vientos, su velocidad, su magnitud y su temperatura elementos decisivos en el comportamiento del clima en la Tierra, su generación está asociada a la vida de los mares.

Es en este contexto que el presidente Guillermo Lasso, anunció en la cumbre del cambio climático en Glasgow, que su gobierno se propone ampliar la reserva marina en el norte y en el noroccidente de Galápagos, para prohibir la pesca, lo que tendrá incidencias en la actividad pesquera industrial nacional, pero no en la pesca depredadora que ocurre en el occidente, el sur del archipiélago y en las inmediaciones de la costa continental.

Bajo un amplio despliegue propagandístico, el jefe de Estado, anunció un uso de la deuda externa para financiar un fondo conservacionista. Revisados los números, el valor que administraría ese fondo no será mayor a 14 millones de dólares, y la dimensión del área a ser afectada será de 60.000 km2. Cifras insignificantes, frente a la tarea de detener el ecocidio, al perjuicio trimestral de decenas de miles de millones de dólares por la pesca extranjera depredadora.

La propuesta de la Iniciativa Galápagos Vive, que plantea la urgencia de que Ecuador denuncie la CONVEMAR para recuperar soberanía sobre 1 millón de km2 de mar, proteger el ecosistema marino, las labores reguladas de la pesca industrial y artesanal ecuatoriana, que durante siglos han garantizado la provisión de peces y mariscos en la dieta habitual de la población ecuatoriana. En este contexto la propuesta del presidente Lasso, si bien expresa una preocupación por especies amenazadas, luce apenas como una gota de aceite en un océano.

La pesca indiscriminada y depredadora tiene consecuencias graves para el equilibrio del ecosistema, ocasionando la disminución de las fuentes de alimentación, la extinción de especies, la alteración de sus ciclos vitales. A más de un proceso de disminución sistemática de los pescadores artesanales y de la calidad y los volúmenes de pesca.

Causas similares a las que hoy enfrentan nuestros países motivaron a que Chile, Perú y Ecuador suscribieran en Santiago, el 18 de agosto de 1952 el Tratado del Pacífico, conocido como Declaración de Santiago, en la cual asumieron colectivamente una soberanía territorial marina de 200 millas, continentales e insulares, con el propósito de proteger sus derechos consuetudinarios en el Pacífico, el ecosistema marino, la provisión alimentaria indispensable para la sobrevivencia de sus naciones.

Es tiempo que, Chile, Perú y Ecuador, reasuman su defensa colectiva internacional de sus derechos históricos sobre su mar, sobre los ciclos vitales de su ecosistema que constituye una de las principales fuentes de su economía, sino la más importante. La posición de Perú que no se ha adherido a la CONVEMAR, ratifica a la Declaración de Santiago de 1952, como el vértice de la necesaria unidad de los tres países para el rescate y fortalecimiento de sus inalienables derechos marinos y para impulsar su proyección en la protección de los países ribereños de los océanos, pues hoy por hoy es la clave que permitirá al mundo impedir el ecocidio en los mares y la contención de los desequilibrios climáticos.


Prof. Félix S. Pilay Toala

Doctor. Economista, Magister en Administración Pública.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo

Fpilay487@pucesd.edu.ec

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