Cómo el Estado resuelve los perjuicios de la pandemia
El país, al igual que el mundo entero, ha estado enfrentando una terrible pandemia desde marzo del año pasado. No era dable de esperar que un evento de salud pública como la expansión del virus COVID19 pudiera ser resuelto con las capacidades que tienen los servicios públicos del país para atender calamidades sanitarias. Y así fue. Por las características propias de este hecho, se ha tenido que improvisar y generar nuevos bienes públicos y ampliar las capacidades de los existentes para controlar esta pandemia, que tiene no solo dimensiones sanitarias sino también sociales, políticas y económicas.
Desde el punto de vista económico, el Estado crea y provee servicios a la sociedad, aquellos que el mercado no genera, que tienen por ello el carácter de bienes públicos. Por eso, ha sido interesante la idea de “Mínimos Comunes” para reconocer el nivel básico de la responsabilidad del Estado frente a la crisis por pandemia que vivimos.
Los bienes públicos de la pandemia
La pandemia del COVID19 ha significado que el Estado chileno, como todos los gobiernos del mundo, ha debido generar y acrecentar diversos tipos de servicios públicos para enfrentarla.
El bien público que aumentó con la pandemia, son los servicios de atenciones de salud a los contagiados de este virus, y todas las acciones sanitarias para reconocer población contagiada, hacer trazabilidad de ella, vacunar a la población y prevenir contagios, ordenando cuarentenas, toques de queda, controles sanitarios de desplazamientos y otros. Este es un subsidio orientado a la oferta, son recursos que se transfieren a los organismos, principalmente estatales, que entregan estos servicios. Información oficial indica que el gasto en Salud, para “transferencias de recursos en el contexto de la emergencia sanitaria, y transferencias de los Servicios de Salud a los establecimientos de Salud Primaria, debido a un anticipo de convenios APS, así como al incremento del valor del per cápita para 2020”, en 2020 “mostró un crecimiento de 15,1% real anual”. En Minsal, también “se expandió el gasto en Personal, en términos reales anuales, en un 12,9% durante 2020, …. por la contratación de personal a Honorarios en el marco de la emergencia sanitaria” (IFP, 4ºtrim.2020).
La protección del ingreso de las familias es otro servicio público que se tuvo que crear específicamente y que tuvo un gran incremento en pandemia. La fuerte caída de la actividad productiva y de la economía, resultante de las duras medidas iniciales de control de la pandemia (cuarentenas masivas), generaron enorme desempleo y una gran caída de los ingresos familiares. El Estado chileno en el período que ha durado la pandemia (año 2020 desde marzo y el año 2021 a la fecha) ha entregado múltiples beneficios (subsidios) de protección a los ingresos de familias de la población perjudicada. Son subsidios a la demanda, para que las familias pobres o vulnerables y sectores medios afectados con problemas de ingresos puedan disponer de recursos para su consumo. Así, en términos macroeconómicos, aumenta el Consumo privado en la economía del país, o en este caso, para la mayor parte de las familias beneficiadas, se mantiene el consumo en niveles anteriores o no se reduce demasiado. Además, se consigue reducir las presiones de potenciales conflictos sociales, en caso de que se entregue estos beneficios a una población muy afectada sanitaria y económicamente. También, este subsidio tiene por objetivo evitar que la población más perjudicada en sus ingresos salga a la calle para conseguirlos y aumenten las probabilidades de contagio.
Los apoyos necesarios para la reactivación de los productores afectados por la pandemia y las medidas adoptadas para controlarla son un tercer bien público que le corresponde generar al Estado. En este sentido, el gobierno de Chile pretende impulsar la reactivación a través de planes de apoyo a los empleos y la inversión, incrementando temporalmente los subsidios al empleo, fortaleciendo el apoyo a las pymes y realizando un fuerte plan de inversión pública, entre otras medidas.
Entonces, en términos macroeconómicos, ese año aumenta el gasto estatal y el gasto tributario, aumentando lo que se denomina Gasto del Gobierno o Consumo Colectivo (de bienes públicos). Específicamente, para resolver los problemas de la pandemia en 2020 “el conjunto de medidas ha significado un esfuerzo fiscal de 3,7% del PIB adicionales, es decir, de $7.398.278 millones de pesos”, $1.057.596 millones de pesos de los cuales están destinados a los fondos para insumos médicos y $3.998.808 millones corresponden a los gastos para la protección del ingreso familiar. Para 2021 se proyecta que el gasto del Gobierno Central, “alcance $71.951.215 millones (30,5% del PIB), lo que implica un crecimiento de 27,3% real con respecto de 2020 y un 16,9% (equivalente a aproximadamente US$14.600 millones). Este aumento se explica por las nuevas medidas implementadas para el Reforzamiento de la Red de Protección Social, entre las que destacan el IFE Universal y las Medidas de Alivio a las Pymes, además del reforzamiento del sistema sanitario” IFP, 2º Trim.2021.
Relaciones entre economía, gasto público y salud en pandemia
Entre los gastos públicos, la economía y la pandemia, se observan claras relaciones, preliminares, pero interesantes. Las tasas de variación del desempleo y las de contagios muestran, para el período abril 2020 y abril 2021, una relación directa entre sí, esperable porque el confinamiento ha sido perjudicial para la actividad económica y el empleo. A la vez, las tasas de contagios por COVID19 muestran, durante el periodo abril-2020 y febrero 2021, una relación inversa, esperable, con la evolución de la actividad productiva (IMACEC). Igual ocurre para la relación entre la tasa de variación de contagios y la tasa de variación de gasto del gobierno, que muestra un coeficiente de correlación de -0,68, que podría entregar indicios de que el mayor gasto público tendría efectos positivos en reducir la propagación del virus, aunque ello puede estar asociado con la estrategia de control que el gasto público financia.
En el orden económico se observa que las relaciones entre la variación de la tasa de desempleo y la del IMACEC para el periodo abril 2020 y febrero 2021, entregan un coeficiente de correlación bien comportado de -0,84, vale decir, una relación inversa, lo cual estaría indicando que una menor actividad (IMACEC) tiende a estar relacionada con mayor desempleo y viceversa. Sin embargo, para el mismo periodo, se observa, una relación positiva entre la tasa de variación del gasto de gobierno y la tasa de variación del desempleo, lo cual indicaría que los mayores gastos fiscales por pandemia podrían estar aumentando la demanda interna y las actividades productivas, y también aumentando el desempleo. Resultado coincidente con lo observado últimamente en los datos, la mayor actividad productiva (aumento del IMACEC, 14,1% en abril y 18,1% en mayo 2021) no está aumentando la creación de empleos, por lo que las tasas de desempleo siguen similares al 10,8% de noviembre 2020 (10,2% en abril y 10,0% en mayo 2021).
Esto deja en evidencia que el problema del empleo es el más difícil de resolver en la próxima reactivación económica post pandemia.
Víctor Salas Opazo
Departamento de Economía
Universidad de Santiago de Chile
