¿Filantropía particular o estatal?
Se ha instalado en nuestro país la discusión sobre la importancia de la filantropía como una herramienta útil para solucionar los problemas sociales. Importantes centros universitarios de estudios así lo han señalado, como también el recién publicado informe de la OCDE titulado “Tributación y Filantropía”.
Se ha establecido que la sociedad civil es el factor fundamental para lograr la solución a diversos problemas públicos como la educación, medio ambiente, salud, beneficencia, deporte, etc. Para aquello, es importante tener estímulos eficientes que direccionen los recursos hacia la solución de esos problemas, siendo los tributos la herramienta por antonomasia para lograr ese fin.
La situación chilena sobre la materia no es de lo mejor, habiendo consenso en la ineficiencia de nuestra legislación sobre materia que está dispersa en aproximadamente 60 normas jurídicas de heterogénea naturaleza. También se ha señalado la extrema complejidad de esas disposiciones que redundan en el desconocimiento por parte de los actores involucrados, como también en una serie de ineficiencias, errores y una fiscalización innecesaria que solo evidencia la ignorancia sobre la normativa por parte de los contribuyentes, más allá de abusos en su aplicación.
Además de lo anterior, yo añado la existencia de normas de control rígidas que terminan castigando tributariamente a pequeños contribuyentes, porque los montos donados superan fácilmente el máximo permitido para realizar tales dádivas. En cambio, esos topes resultan ridículos para las grandes empresas que, aun pudiendo donar mayor cantidad de recursos, no lo hacen por desinterés, desconocimiento o preocupación al vislumbrar eventuales fiscalizaciones producto de haber impetrado algún beneficio tributario que está en el ojo de atención del Servicio de Impuestos Internos.
Adicionalmente, no tenemos una legislación que incentive donar a áreas importantes de la sociedad como es la salud, la protección de animales o preservación del medio ambiente, pero sí hay estímulos para donar a partidos políticos.
La opinión internacional y doctrinaria resaltan la eficiencia que logra la sociedad civil al realizar sus aportes a instituciones sociales. No ocurre lo mismo cuando esas tareas las asume el Estado porque, parafraseando al senador Felipe Kast, estamos frente a una “mediocridad estatal” que ha convertido a los gobiernos de turno en agencias de empleo de los partidos políticos que colocan a funcionarios de corto plazo, a la cabeza de instituciones que requieren proyectos y estrategias de largo plazo.
Podemos señalar adicionalmente a lo anteriormente precisado por el senador, que los órganos estatales están atrapados en leyes presupuestarias rígidas que obligan, por ejemplo, a los municipios a postergar para el próximo año la realización de gastos recurrente como la instalación de letreros que ordenan el tránsito vehicular, porque no tienen autorización o presupuesto para hacerlo en el presente año, pese a que existe una palmaria necesidad de contar con tal señalética en este ejercicio.
Ante tal lamentable panorama, la solución inmediata es trabajar aceleradamente en mejorar la legislación administrativa y tributaria para lograr una eficiencia en el estímulo para que la sociedad civil adquiera el liderazgo que se espera. Sin embargo, estamos ante dos problemas.
El primero, el compromiso que adoptó el Gobierno con la oposición para destrabar la Ley de Modernización Tributaria de revisar el Gasto Tributario para eliminar la “gran cantidad de exenciones” que partidos de izquierda y de derecha populista señalaron como una forma de aumentar la recaudación fiscal y así proveer al Estado de los recursos necesarios para solucionar las ingentes demandas sociales que aquejan a importantes sectores de la población.
En segundo lugar, estamos comenzando un proceso constituyente que, según las banderas de enganche que sectores del “apruebo” enarbolaron, partirá de una “hoja en blanco” revisando las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución, lo que hará discutir si se seguirá confiando en los particulares para lograr el desarrollo y crecimiento del país, o será el Estado el gran y principal motor de la generación de recursos y satisfacción de las necesidades de la población.
Resulta, de esta forma, primordial definir el rol que tendrá el Estado en nuestra carga magna antes de comenzar a mejorar nuestra legislación filantrópica, pues de consagrar en una nueva constitución una primacía del poder estatal por sobre el interés particular, podría hacer inviable la aplicación de las experiencias y recomendaciones internacionales.
Prof. Germán R.Pinto Perry
Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Universidad de Santiago de Chile
