Germán Pinto Perry
La semana pasada escuché por radio la intervención de una persona que estaba participando en las manifestaciones que los magallánicos han realizado por el alza en los combustibles y de los precios de productos de primera necesidad, alegando por la compleja situación que están viviendo en esa zona extrema del país, al ver como la autoridad les daba el retiro de sus fondos de pensiones, pero luego se los quitaba a través del incremento de los precios de diversos artículos. A renglón seguido, demandaba al Poder Ejecutivo la solución a esta situación
Esta medida proporcionará el cruce de información que permitirá focalizar las intervenciones futuras, asegurando el correcto cumplimiento tributario y una eficiente fiscalización.
Dado este planteamiento, no es aventurado pensar que la situación es muy dramática, que aún no se puede lograr el equilibro o alcanzar que sobrevivan estas complicadas empresas.
El estudio económico que la OCDE elaboró de nuestro país y que fue publicado el 4 de febrero recién pasado destacó la efectividad de las medidas económicas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y también realizó una serie de recomendaciones para modificar el sistema tributario, el cual fue considerado como ineficiente para lograr la redistribución del ingreso y poder garantizar la adecuada protección de los sectores más vulnerables, conclusión que es sabida por todos.
Los tributos son una herramienta de la política fiscal que permite a la autoridad económica influir en la economía de un país, a través de la inhibición de alguna actividad, por medio del establecimiento de un impuesto al consumo como el impuesto al tabaco; o concediendo rebajas, exenciones y sistemas de tributación simplificados que redunden en una menor carga tributaria que motive a los agentes económicos a realizar una determinada actividad o para permitir que esa actividad pueda obtener mayores recursos y así superar una situación deficitaria o lograr su crecimiento.
Sin el ánimo de sembrar cizaña al desempeño parlamentario, sino ejerciendo mi legítimo derecho de expresión y de manifestar mi frustración como ciudadano ante el desempeño de nuestros políticos y parlamentarios, es que formulo mi opinión al nesciente discurso realizado en los debates de las leyes tributarias y ahora en la ley que permitirá a los trabajadores retirar el 10% de sus fondos de pensiones.
También se entienden, doctrinariamente, como el pago que hace el contribuyente por los servicios públicos inherentes que requiere un bien raíz y que son imprescindibles para poder utilizarlos.Independientemente de su justificación, es un pago que resulta oneroso y cuyo beneficio se diluye por lo silencioso, aunque presente, de las prestaciones municipales por las que se ven beneficiados los moradores de esos inmuebles.La concesión de tal dádiva por parte del Gobierno resultaba atractiva y fue muy consultado por quienes debían cumplir con tal imperativo, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos fue muy discreto en su ejecución, pues no había un vínculo específico o directo para acceder a la modalidad que permitiera acogerse o activar tal beneficio.El contribuyente debía ingresar resignadamente a la página web del Servicio, la cual siempre he considerado poco intuitiva, de la forma que acostumbraba para pagar las contribuciones.
Cada día vemos la estadística de los casos de infectados por COVID19 la cual demuestra una tasa de mortalidad menor que otros países. Sin embargo, nunca debemos olvidar que esos números son personas y si una muere, es un ser humano que ha fallecido y el dolor que esto involucra afecta a muchas personas que deberán llorar su partida.
Siempre he sido crítico del trabajo y las actuaciones que nuestros parlamentarios han tenido en materia tributaria, debido a las imprecisiones y errores conceptuales que han demostrado tener en esos temas, pero la semana pasada hemos sido testigo de la total desconexión que tienen de las necesidades apremiantes de los ciudadanos. Me refiero específicamente a la tramitación del proyecto de ley que posterga la fecha del pago del permiso de circulación.
Está muy claro que necesitamos mayores niveles de recursos para satisfacer las ingentes necesidades sociales que la población está vehementemente demandando, y es por este motivo que resulta importante realizar una revisión a todos los tributos que están vigentes como también las exenciones.
Dado que estamos llanos a redefinir nuestra sociedad y nuestras “estructuras”, siendo el sistema tributario uno de esos aspectos a ser revisados, creo oportuno poner en la mesa de discusión la vieja controversia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual tiene profundos efectos en la economía doméstica de los chilenos.
El académico y experto tributario de la Universidad de Santiago, y columnista de Diario Estrategia.cl, Germán Pinto Perry, analizó los alcances de los anuncios hechos anoche por el Presidente Sebastián Piñera en el marco de la Agenda Social elaborada para responder a las demandas de la ciudadanía de una menor desigualdad.
Hemos sido testigos y actores de cómo las demandas sociales, que desde poco antes del año 2006 han sido llevadas a las calles a través marchas y protestas, no han sido escuchada y han estallado dejando una estela de destrucción y daños que han hecho pagar a justos por pecadores.
Uno de los diversos aspectos que tiene el proyecto de modernización tributaria que está siendo debatida en el Congreso es la creación de la “Defensoría del Contribuyente” que tiene por objeto velar por la protección de los derechos de los contribuyentes que hayan sido vulnerados por la acción del Servicio de Impuestos Internos (SII).
El proyecto de Reforma Tributaria que está siendo estudiada en el Congreso tiene la virtud de incluir la posibilidad de que los contribuyentes puedan reconocer pérdidas y gastos por situaciones derivadas del cumplimiento de normas medioambientales.
Esta connotación tiene la virtud de permitir el debate para poder deducir determinadas partidas, valorando el criterio temporal, pues los efectos en la generación de renta, es decir, el potencial del gasto para producir un ingreso afecto a tributación, no será necesario que se evidencie en el mismo ejercicio en que se incurre en el gasto, sino que será posible verificarlo en los siguientes.
Me parece una verdadera burla como ciudadano, pues fue la Reforma Tributaria 2014/2016 la que estableció la rebaja de la carga máxima de las personas naturales de un 40% a un 35% vigente en la actualidad, y ahora viene el mismo sector que concibió tal modificación a proponer volver atrás con esa carga tributaria.
Hago un llamado a los parlamentarios a instruirse en la materia y manifestar opiniones con un sustento más allá que la necesidad de llamar la atención a las luces de las cámaras de los periodistas.
La propuesta que anunció el actual Gobierno corregirá las falencias del sistema que dejó la administración anterior. “La reforma vigente ha demostrado que es complicada y que no recauda más. No sirve para los objetivos que se plantearon. El país no recauda más con tasas mayores, sino con el aumento de las utilidades de las empresas”, enfatiza el experto tributario Germán Pinto.
Sin duda que la Autoridad quiere lograr una eficiencia en el sistema tributario, pero las herramientas que está anunciando inicialmente, continúan con las enmarañadas disposiciones que pretende corregir.