Esta es la octava vez, desde el año 2007, que la FNE presenta ante el TDLC un requerimiento contra empresas de buses de transporte público. En todos estos casos las compañías involucradas fueron condenadas con multas que totalizan casi 5.600 UTA, equivalentes a poco más de $3.200 millones actuales.
Aunque la investigación sigue en curso, las miradas están puestas en el próximo 24 de octubre: plazo límite para que Fiscalía Nacional Económico valide o no la controvertida operación.
SQM rechazó la entrada en su propiedad de la minera china Tianqi, que llegó a un acuerdo con el fiscalizador antimonopolios para cerrar la operación, porque la considera un competidor.
La asociación gremial del ámbito objetó el reporte definitivo entregado ayer por la Fiscalía Nacional Económica que confirmaría la necesidad de una reforma estructural a la actividad notarial.
De acuerdo al reporte definitivo del estudio de mercado elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), una reforma estructural al ámbito podría traducirse en ahorros cercanos a los US$ 149 millones anuales para al país.
El organismo llevó adelante una investigación destinada a determinar los riesgos que podría provocar esta operación, realizando un análisis de participaciones de mercado y de índices de concentración a partir de distintas definiciones de mercado relevante, y evaluando la presión al alza en precio, basada en la cercanía competitiva de las empresas y servicios involucrados.
La Fiscalía acusó que estas compañías acordaron su actuación conjunta en el mercado chileno y que, en el marco de ese acuerdo, determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos en el período referido.
Según advierte el gerente general de Cleaner, Pedro Pablo Vicente, “Unilever está impulsando una guerra de precios disfrazada de promociones y los chicos y medianos no tenemos espaldas para sostenernos en el mercado con una agresión comercial de esta naturaleza”.
Este viernes se conocerá la resolución de la Comisión Antidistorsiones, instancia que resolverá si recomienda o no al Presidente de la República la aplicación de esta herramienta de protección.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó con $4,8 millones a la Asociación Gremial de Cirujanos (AGC) de la V Región por incumplir de manera injustificada con la obligación de dar respuesta cabal y oportuna a la Fiscalía Nacional Económica en el marco de una investigación reservada, la que posteriormente dio origen a un requerimiento por colusión.
La autoridad anti monopolios estima que la operación no reduce mayormente los actuales niveles de competencia en el mercado de jugos de fruta en el país.
Pese a haber firmado en 2014 un acuerdo para mejorar las prácticas comerciales, entre las principales marcas de detergente, Unilever estaría incumpliendo este documento.
La Guía entra en vigencia este jueves, pero es aplicable a las conductas de colusión que se hayan ejecutado o mantenido en ejecución con posterioridad a agosto del 2016, cuando fue promulgada la Ley N° 20.945, que introdujo esta figura.
El presidente del CPLT valoró el estudio de la FNE y planteó necesidad de transparentar las designaciones, así como de incluir a los Conservadores de Bienes Raíces.
De acuerdo a un estudio elaborado por la entidad, las rentas monopólicas en el mercado notarial se cifran en torno a los US$ 25 millones, y las ineficiencias productivas son de aproximadamente US$ 80 millones.
Esta investigación surge a partir de dos denuncias recibidas por la FNE respecto a esta operación. La primera de ellas fue presentada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 9 de marzo pasado, y la segunda, por el senador Alejandro Guillier, el 28 de mayo.
La Fiscalía Nacional Económica instruyó el inicio de una investigación ante la eventual concentración de mercado que implicaría la adquisición por parte de Marubeni Corporation –a través de la sociedad Energy Infrastructure Holding SpA.- y Toesca Infraestructura GV del 100% de las acciones de GasValpo SpA.
La FNE puede extender el análisis hasta por un plazo de 90 días hábiles cuando estime que la operación notificada, de perfeccionarse en forma pura y simple o sujeta a medidas, puede reducir sustancialmente la competencia.
La entidad concluyó que los compromisos adquiridos por ambas empresas “serían idóneos, suficientes y efectivos para mitigar los riesgos para la competencia que pudiesen surgir a raíz de la operación en nuestro país”.