El organismo llevó adelante una investigación destinada a determinar los riesgos que podría provocar esta operación, realizando un análisis de participaciones de mercado y de índices de concentración a partir de distintas definiciones de mercado relevante, y evaluando la presión al alza en precio, basada en la cercanía competitiva de las empresas y servicios involucrados.
La Fiscalía acusó que estas compañías acordaron su actuación conjunta en el mercado chileno y que, en el marco de ese acuerdo, determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos en el período referido.
Según advierte el gerente general de Cleaner, Pedro Pablo Vicente, “Unilever está impulsando una guerra de precios disfrazada de promociones y los chicos y medianos no tenemos espaldas para sostenernos en el mercado con una agresión comercial de esta naturaleza”.
Este viernes se conocerá la resolución de la Comisión Antidistorsiones, instancia que resolverá si recomienda o no al Presidente de la República la aplicación de esta herramienta de protección.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó con $4,8 millones a la Asociación Gremial de Cirujanos (AGC) de la V Región por incumplir de manera injustificada con la obligación de dar respuesta cabal y oportuna a la Fiscalía Nacional Económica en el marco de una investigación reservada, la que posteriormente dio origen a un requerimiento por colusión.
La autoridad anti monopolios estima que la operación no reduce mayormente los actuales niveles de competencia en el mercado de jugos de fruta en el país.
Pese a haber firmado en 2014 un acuerdo para mejorar las prácticas comerciales, entre las principales marcas de detergente, Unilever estaría incumpliendo este documento.
La Guía entra en vigencia este jueves, pero es aplicable a las conductas de colusión que se hayan ejecutado o mantenido en ejecución con posterioridad a agosto del 2016, cuando fue promulgada la Ley N° 20.945, que introdujo esta figura.
El presidente del CPLT valoró el estudio de la FNE y planteó necesidad de transparentar las designaciones, así como de incluir a los Conservadores de Bienes Raíces.
De acuerdo a un estudio elaborado por la entidad, las rentas monopólicas en el mercado notarial se cifran en torno a los US$ 25 millones, y las ineficiencias productivas son de aproximadamente US$ 80 millones.
Esta investigación surge a partir de dos denuncias recibidas por la FNE respecto a esta operación. La primera de ellas fue presentada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 9 de marzo pasado, y la segunda, por el senador Alejandro Guillier, el 28 de mayo.
La Fiscalía Nacional Económica instruyó el inicio de una investigación ante la eventual concentración de mercado que implicaría la adquisición por parte de Marubeni Corporation –a través de la sociedad Energy Infrastructure Holding SpA.- y Toesca Infraestructura GV del 100% de las acciones de GasValpo SpA.
La FNE puede extender el análisis hasta por un plazo de 90 días hábiles cuando estime que la operación notificada, de perfeccionarse en forma pura y simple o sujeta a medidas, puede reducir sustancialmente la competencia.
La entidad concluyó que los compromisos adquiridos por ambas empresas “serían idóneos, suficientes y efectivos para mitigar los riesgos para la competencia que pudiesen surgir a raíz de la operación en nuestro país”.
En el requerimiento, la Fiscalía afirma que los médicos especialistas han acordado, al menos desde 1985, actuar de manera colectiva en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios.
Esta es la primera vez que la autoridad de competencia chilena prohíbe una concentración entre empresas, desde la entrada en vigencia del nuevo sistema de control de fusiones, en junio del 2017.
Entre los temas a abordar, se cuentan el impacto de la bioequivalencia, el manejo de las patentes de invención por parte de los laboratorios, la concentración de las farmacias y las asimetrías de información existentes en la relación de los consumidores con los médicos y con los dependientes de las farmacias y la actuación de las autoridades sectoriales, entre otras materias.
La presentación acusa que Minerva y JBS infringieron el DL 211 al perfeccionar una operación de concentración que habían notificado a la Fiscalía Nacional Económica, antes de conocer su pronunciamiento al respecto.
La FNE constató la existencia de asimetrías de información entre la empresa y sus clientes, relacionadas con la administración de las licencias adquiridas, en una industria que se caracteriza por altos costos de cambio.
En cuanto a las medidas de mitigación solicitadas, 64% estimó que el nivel de intervención de la FNE es el adecuado y el 36% restante lo consideró excesivo.