Germán Pinto

Para lograr la aprobación de la reforma tributaria de febrero del presente año, el Ministro de Hacienda se comprometió con la oposición a realizar una revisión a las exenciones y regímenes especiales que otorgan una menor tributación a ciertos sectores. Evidentemente, tal acuerdo buscaba concentrar los esfuerzos recaudatorios del Estado en hacer pagar tributos a quienes no lo estaban haciendo en la actualidad.

He escuchado en el paupérrimo debate que se ha llevado a cabo en el proceso constitucional que estamos viviendo, que la desigualdad que Chile tiene se debe al rol subsidiario del Estado que está consagrado en la actual Constitución, afirmación que está en boca de muchos jóvenes. 

Este objetivo se logra a través de la satisfacción de las necesidades de cualquier índole, tanto materiales como inmateriales, para lo cual se necesitan recursos, pues, aunque los jóvenes de ahora - y de todos los tiempos - piensen lo contrario, se necesitan recursos para lograr la satisfacción de las necesidades, cayendo en el palmario dilema que las necesidades son múltiples y los recursos escasos, siendo imperioso la organización y prelación de necesidades y administración de los bienes y servicios.Es por lo anterior que el “rol” es la mención expresa de las herramientas que se ocuparán para tal ejercicio, es decir, la forma como se destinarán los recursos para el logro del Bien Común.

Hace poco escuché a un joven señalar que debíamos cambiar el “Rol Subsidiario del Estado” por el “Rol de Estado Garantizador de Derechos”, declaración que me preocupó porque demuestra lo confundido que están los jóvenes y muchas personas que están a punto de participar de un proceso único en nuestra Historia, como es decidir el cambio de nuestra carta magna.

He apreciado que en el adocenado debate que ha precedido al plebiscito que prontamente tendremos que enfrentar, se ha asentado la opinión en los jóvenes que es imperioso cambiar el Rol Subsidiario del Estado (RSE) que está actualmente consagrado en nuestra Constitución y en muchas otras constituciones del mundo.

La semana pasada comenzó a ser evidente la preocupación de la Autoridad Económica por el tema previsional, la cual tiene que aplicar una estrategia y una propuesta antes de la reforma constitucional porque, tal como se aprecia el ambiente, será una de las banderas de lucha de la izquierda, dejando en la Constitución la garantía de que todos los jubilados tendrán una alta pensión.

La nueva Ley 21.256 que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y el empleo fuertemente afectado por la pandemia que estamos viviendo por casi seis meses, tuvo una interesante gestación.

Con mucha alegría ha sido recibida la Ley 21.256 publicada la semana pasada que otorga ayudas a las pymes que hayan visto menoscabados sus ingresos en el presente año.

Los tributos son una herramienta de la política fiscal que permite a la autoridad económica influir en la economía de un país, a través de la inhibición de alguna actividad, por medio del establecimiento de un impuesto al consumo como el impuesto al tabaco; o concediendo rebajas, exenciones y sistemas de tributación simplificados que redunden en una menor carga tributaria que motive a los agentes económicos a realizar una determinada actividad o para permitir que esa actividad pueda obtener mayores recursos y así superar una situación deficitaria o lograr su crecimiento.

Ya está lista para nacer una nueva ley que otorga una serie de concesiones especiales a las pymes para apoyarlas a superar los problemas que han generado los últimos sucesos nacionales e internacionales que nos han afectado.