El paternalismo del silencio electoral
Ayer salimos de la incertidumbre electoral, pero también del peculiar período de silencio informativo. El artículo 37 de la ley 18.700 prohíbe divulgar encuestas de opinión pública sobre preferencias de voto, sumiendo al debate público en una penumbra estadística que el legislador considera necesaria para protegernos de nosotros mismos.
La premisa tras esta prohibición radica en que el Estado chileno asume que los ciudadanos, expuestos a información de encuestas en los días previos al sufragio, podríamos vernos indebidamente influenciados en nuestra decisión electoral. Se trata de un paternalismo asumido en 2016, paradójicamente en la ley cuyo título no se condice con esta norma: la ley de “fortalecimiento y transparencia de la democracia”. Aquí el Estado se arroga la facultad de determinar qué información resulta conveniente o peligrosa para el elector. Esta norma no amplía nuestra capacidad de decidir informadamente, sino que la restringe bajo el supuesto de que no somos suficientemente maduros para procesar datos estadísticos sin que puedan distorsionar nuestro juicio político.
La lógica subyacente resulta cuestionable: se nos protege de encuestas potencialmente erradas, como si la solución al error metodológico fuera la censura informativa y no el escrutinio público. Esta aproximación desconfía doblemente: primero, de la capacidad ciudadana para evaluar críticamente la información electoral; segundo, de los propios encuestadores para perfeccionar sus metodologías y defender la reputación de sus estudios. En un mercado de las ideas robusto, las encuestas de mala calidad, ya sea por contener sesgos o por una deficiente construcción, deberían perder credibilidad por mérito propio, no desaparecer por decreto.
La ineficacia de la norma es también desigual. En la práctica, quienes tienen acceso a mayor información continúan conociendo la información, que permanece secuestrada. Es decir, la prohibición solo afecta a la divulgación pública, creando una asimetría donde los ciudadanos comunes quedan en desventaja informativa.
La perspectiva comparada resulta ilustrativa. Chile tiene una de las regulaciones más estrictas en este ámbito, dado que mientras algunos sistemas solo restringen tal silencio por pocos días, otras simplemente permiten la publicación de encuestas hasta el momento de la elección, confiando en la madurez de su electorado. ¿ Somos los chilenos particularmente vulnerables a la manipulación estadística? ¿O es nuestro legislador quien mantiene una visión excesivamente tutelar de la ciudadanía?
El debate de fondo trasciende lo técnico: se trata de definir qué tipo de democracia queremos construir. Una donde el Estado filtra paternalmente la información electoral, o una donde confiamos en ciudadanos capaces de navegar críticamente el ecosistema informativo, incluyendo sus imperfecciones. El silencio forzado de las encuestas no fortalece nuestra democracia ni entrega mayor transparencia. Por el contrario, revela la persistencia de un modelo que subestima la autonomía del elector que dice proteger.
Sebastián Zárate Rojas
Profesor de la Información, Universidad Autónoma de Chile.