Un cambio de prioridades
Se aproximan la segunda vuelta presidencial y más allá de quien resulte electo o electa como próximo gobernante, el nuevo Gobierno deberá ajustar necesariamente sus prioridades en temas laborales. Durante octubre, conocimos un estudio que concluye algo incómodo pero evidente: con la agenda laboral vigente y los proyectos de ley en trámite en el Congreso, Chile necesitará alrededor de 1% de crecimiento anual del PIB solo para “empatar” el alza de costos laborales; recién sobre ese umbral habría creación neta de empleo.
Este es el punto ciego de nuestra discusión desde hace años. Hablamos de reformas, derechos y fiscalización; pero obviamos mejorar las productividad de nuestras empresas y trabajadores. Por lo que cada nueva obligación que se establece por leyes bienintencionadas se financia recortando márgenes, frenando inversiones o ajustando la contratación formal.
En 2025 la tasa de desocupación ha bordeado el 8,5–8,7%, con brecha femenina superior. No se trata solo de un número: a ese nivel, el mercado laboral ya no absorbe a suficientes trabajadores con salarios crecientes y formales. Y cuando el empleo formal se estanca, ganan espacio la informalidad y los “contratos” precarios; caen la recaudación y el financiamiento del sistema de seguridad social; y por cierto aumenta la litigiosidad como sabemos todos los abogados.
En anteriores columnas hemos hablado de la “emergencia laboral” que el actual Gobierno niega, pese a que la tasa de informalidad en el trimestre julio–septiembre de 2025 llegó a 26,2%, la mayor tasa desde el periodo noviembre- enero de 2024 (26.3%). Se trata de cifras preocupantes y evidencia problemas estructurales cuando existen cerca de 2,6 millones de trabajadores informales. Cada trabajador fuera del sistema es una persona sin cotizaciones, sin seguro de cesantía ni protección en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales. La informalidad deprime salarios y productividad, erosiona la base tributaria y previsional, y tiende a concentrarse en mujeres, jóvenes, servicios personales y regiones.
Por eso es problemático que la prioridad pública haya sido y siga siendo crear nuevos y mayorrs costos para empresas y empleadores (aumento del salario mínimo, reducción de jornada a 40 horas, nuevas exigencias de cumplimiento en materias de acoso, seguridad y protección de datos entre otras) aderezado de mayores multas y sanciones, sin una hoja de ruta de productividad, ni un paquete serio de incentivos a la inversión y a la adopción tecnológica en el tejido empresarial real.
La reducción de jornada pudo y debió ser un catalizador de productividad, pero nos concentramos como país en sancionar a las empresas y empleadores, litigando -producto de los criterios de la Dirección del Trabajo- como implementar la primera rebaja de 1 hora en 2024, y eso que en 2026 enfrentaremos una nueva rebaja de dos horas, donde todavía falta para llegar a 40 horas en 2028. En esta esencial reforma ha estado totalmente ausente un rediseño de procesos, inversión en tecnología y acuerdos por metas y flujos.
Si la reducción de la jornada ordinaria de trabajo se limita a un “recorte de horas” sin mejora organizacional, el efecto práctico es más turnos, más coordinación, más supervisión y mayor costo unitario. Si, además, sumamos nuevas obligaciones (protocolos, reportabilidad, capacitación obligatoria, etc.) sin herramientas para producir más y mejor, la ecuación obviamente se desequilibra y explica las cifras que nos alertan los economistas.
Por otro lado, la automatización y el uso intensivo de la IA ya están reconfigurando tareas, perfiles y cadenas de valor en el empleo. Eso exige re-skilling acelerado, liderazgo de datos, rediseño de procesos y métricas de desempeño por resultados. En Chile, sin embargo, seguimos tratando la digitalización como un proyecto de TI y no como política laboral y de competitividad.
De este modo, el nuevo Gobierno tendrá la obligación de ordenar prioridades: primero productividad, luego costos. Si no, cualquier crecimiento bajo 1% real por año -como sugiere el cálculo comentado- apenas empata los mayores costos regulados y no genera empleo neto. No es un presupuesto ideológico; es una restricción contable que golpea sobre todo a pymes y regiones.
Chile necesita una agenda laboral pro-empleo formal que ponga al centro productividad, adopción tecnológica y formación. Dejar de legislar pensando en la gran empresa y normar para el promedio real del país. Y entender que cada punto adicional de costo sin su correlato en eficiencia se paga con menos inversión, menos formalidad y menores salarios reales.
Ruben Soto
Socio AEM Abogados
