Redondo denuncia que varias comunidades "incumplen sistemáticamente" con el derecho al aborto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este lunes que varias comunidades autónomas "incumplen sistemáticamente" con el Registro de Personas Objetoras de Conciencia frente al aborto, así como con los requisitos legales que garantizan a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos.

"Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también para que cumplan con los requisitos legales que permiten a las mujeres realizar su interrupción voluntaria del embarazo con normalidad en la pública y por supuesto también con todas las garantías", ha señalado Redondo en unas declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Según la ministra, no se está cumpliendo la ley: "Esa es la dura realidad, no se está cumpliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay muchas mujeres que tienen dificultades".

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

Al ser preguntada por si las comunidades a las que se ha requerido son Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid, la ministra no lo ha confirmado. Sin embargo ha destacado que, en el caso de Madrid, el 95 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en la sanidad privada.

"En Castilla y León, de donde yo procedo, también tenemos un elevadísimo porcentaje de mujeres que tienen que recurrir a la sanidad privada", ha indicado Redondo, quien ha añadido que la intención del Gobierno es "homologar el derecho para permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio español".

En este punto, la ministra ha explicado que "hay dos derechos en juego". "El derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, es un derecho de libertad, es un derecho de salud pública, es un derecho de salud reproductiva y por lo tanto ese derecho tiene que garantizarse y por otro lado tenemos el derecho de objeción de conciencia que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 33 de la Constitución", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que el objetivo es hacer estos dos derechos "compatibles", pero "sin perder la perspectiva de que las mujeres tienen que poder ejercer su derecho en condiciones legales". "Por lo tanto un derecho no puede conculcarse completamente a favor de otro, de lo que se trata es de conciliar ambos para que se puedan ejercer", ha agregado.

Por otra parte, la ministra ha manifestado que es "el momento de dar un paso más" y de garantizar el derecho al aborto en la Constitución española, ante la "ola reaccionaria a la que se ha subido el PP" en su oposición a esta ley.

Así, ha apostado por una reforma de la Constitución a través del artículo 167, "una modificación menos agravada que por supuesto exigiría como tres quintas partes de las cámaras". "Debemos intentar avanzar en ese camino a conseguir que haya mayorías importantes que respeten los derechos de las mujeres, porque aquí de lo que se trata es de la libertad de la seguridad y de la salud de las mujeres", ha resaltado.

"Espero que todo el arco parlamentario, incluido también el PP, a pesar de sus meteduras de pata con este tema y a pesar de su oposición sistemática, reconozca que en este momento el 60 por ciento de las mujeres de este país está a favor y el 55 por ciento de los varones están acompañándonos en este derecho", ha finalizado.