Política sobre cárceles

Lo sucedido en la Región de Ñuble, donde el Gobierno busca acuerdos para emplazar una nueva cárcel en un predio fiscal, es un ejemplo para el resto del país que enfrenta un alarmante déficit de plazas penitenciarias. La zona -donde la ocupación de los centros penales llega un 116%-, se decidirá una ubicación y un programa de inversión. La confirmación de viabilidad del terreno fiscal en el sector de Quilmo y el apoyo de autoridades regionales muestran una oportunidad política que hay que aprovechar.

Para acortar los plazos —más allá de la “permisología”— propongo tres acciones inmediatas: un acuerdo interministerial, coordinado entre Bienes Nacionales, Obras Públicas y Justicia para asegurar suelo, definir mitigaciones (viales, ambientales) y establecer una trazabilidad clara del cronograma.

Un modelo para una ejecución ágil. El diseño modular y las fases tempranas, deben ser abordados bajo el modelo de Concesiones, una vía que permite acortar los tiempos de puesta en servicio y traslada la responsabilidad de la construcción y el mantenimiento al sector privado, que suele operar con mayor eficiencia.

Al mismo tiempo, se deben incluir un paquete de beneficios comunitarios. Para gestionar la eventual oposición a la iniciativa, es fundamental implementar beneficios que compensen el impacto de la obra. Hablamos de equipamiento comunitario como centros deportivos, áreas verdes de calidad y mejoras en la conectividad. Esto convierte a la cárcel en parte de un proyecto de desarrollo local, no en un elemento ajeno o indeseado para las comunidades.

La brecha de inversión en infraestructura penitenciaria es amplia en el país. Según las proyecciones, el sector necesita una inversión de US$ 1.476 millones entre 2022 y 2031, de los cuales el 71% corresponde a la obsolescencia. Con ejecuciones presupuestarias promedio del 66% en el subtítulo 31 del presupuesto, es evidente que el financiamiento puramente tradicional no es suficiente.

Es por eso que resulta clave combinar el financiamiento público con el modelo de concesiones. Esta alianza público-privada ha demostrado ser efectiva. Hoy, ocho establecimientos concesionados concentran entre el 40% y el 42% de las plazas penitenciarias, lo que demuestra su capacidad y eficiencia. No existe ningún impedimento técnico, legal o de gestión para aumentar esta participación y permitir que el Estado se concentre en su rol de garante de la seguridad y la reinserción.

La urgencia de estas iniciativas ha sido validada incluso en el Parlamento, con el avance de un proyecto de ley que establece reglas especiales y reduce plazos para la ampliación, reparación y construcción de cárceles. Este marco legislativo, se podría reducir el tiempo de construcción en alrededor 36 meses.

Consideramos que es el momento clave para implementar un “fast track” acotado y trazable para la infraestructura penitenciaria crítica. Las propias autoridades han planteado esta necesidad, y es vital reconocer que el deterioro físico y el hacinamiento no solo afectan la seguridad de la sociedad, sino que también cualquier posibilidad de reinserción.

Carlos Zeppelin

Director

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).