Regionalización: la promesa incumplida
La regionalización territorial en Chile, formalizada por los Decretos Leyes N° 573 y N° 575 de 1974, marcó un hito en la configuración político-administrativa del país (CONARA). Esta reorganización intentó ser una apuesta estratégica por una ocupación territorial más racional que considerara una distribución más equitativa de los recursos y una relevante participación ciudadana en la definición del destino regional. A medio siglo de su implementación, ¿podríamos calificarla de exitosa?
Los criterios de dicha normativa buscaban construir regiones con vocación propia, capaces de impulsar su desarrollo a partir de las propias particularidades, sin embargo, muchas de estas aspiraciones han sido erosionadas u ocultadas por una institucionalidad que sigue siendo centralista. Los objetivos trazados hace ya 50 años como; evitar la excesiva concentración económica en algunas ciudades; garantizar servicios básicos en zonas urbano-rurales, y asegurar a cada región, una base poblacional y dotación de recursos que habilitara su crecimiento y aunque registran avances resultan aún insatisfactorios.
Respecto de la promesa de participación ciudadana en la definición de su destino, el diseño institucional lamentablemente mantuvo una verticalidad marginando a los territorios de los grandes debates nacionales. En este sentido, la elección de gobernadores regionales fue un avance simbólico, pero insuficiente si no se acompaña de transferencias de competencias efectivas, autonomía fiscal y mecanismos de deliberación ciudadana que superen la lógica consultiva. La participación no puede ser un gesto, debe ser una práctica estructural.
La promesa de igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del desarrollo pareciera aun ser un buen relato o slogan. Las brechas en salud, educación, infraestructura, transporte, conectividad y acceso a bienes comunes siguen siendo profundas entre regiones. No basta con delimitar regiones: hay que dotarlas de capacidades, recursos y reconocimiento político. En tanto, la concentración económica en algunas capitales regionales debilita ciudades y territorios subordinados administrativamente y dificulta la diversificación productiva y contradice los objetivos del proceso de regionalización.
La regionalización, en su concepción original, reconocía el territorio como un recurso estratégico y un vínculo identitario. Hoy, frente a un conjunto de nuevo desafíos (cambio climático, migración, digitalización y una consensuada crisis de confianza institucional), pareciera necesario revisar sus fundamentos. El tamaño de las regiones, sus límites, su estructura urbano-rural, su base poblacional y su dotación de recursos deben pensarse aplicando criterios de eficiencia administrativa, justicia territorial y la sostenibilidad.
La regionalización para que sea realidad, requiere voluntad política, innovación institucional y de una ciudadanía activa que reclame su derecho a decidir sobre el lugar que habita. No basta sólo con la división político-administrativa para promover y garantizar la igualdad, seguridad y desarrollo equilibrado, es necesario transitar con voluntad y urgencia desde las declaraciones públicas y principios normativos hacia transformaciones reales.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto de Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
